Una diputada radical fue a buscar los papeles del rojo previsional y se topó con una duda incómoda: los $11.177 millones, ¿son todos de la caja complementaria o ahí adentro también hay plata que puso el Tesoro?
La diputada radical Alicia Paz de la Quintana presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el Ejecutivo aclare cómo se generó el rojo de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) entre enero y septiembre de 2026, con qué fondos se cubrió y si la cifra mezcla obligaciones de dos regímenes distintos.
El proyecto de resolución, ingresado a la Cámara de Diputados, apunta al Ministerio de Hacienda y Obra Pública. La legisladora quiere saber, puntualmente, de dónde salió el desequilibrio de $11.177 millones que acumuló el organismo previsional en esos nueve meses.
La iniciativa nace como respuesta a la explicación oficial. El Gobierno atribuyó el déficit a tres factores: la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones nacionales, los aumentos salariales otorgados en la provincia y el crecimiento de la cantidad de beneficiarios.
Para Paz de la Quintana, esa versión es incompleta. En un comunicado, señaló que la explicación no permite conocer la verdadera composición del rojo. “No alcanza con responsabilizar a la Nación por la evolución de las jubilaciones”, afirmó, y recordó que Catamarca creó un régimen complementario “precisamente para garantizar la diferencia entre los haberes nacionales y el 82% móvil”.
Dos regímenes bajo la lupa
El pedido pone el foco en la información sobre los dos sistemas que administra la AGAP. Por un lado, la Ley Provincial 5192 establece una asignación complementaria para los jubilados y pensionados anteriores a la transferencia del sistema previsional a la Nación. Ese financiamiento es una obligación que asumió la Provincia.
Por otro, el Decreto Acuerdo 127/2011 creó un régimen complementario que se financia con aportes y contribuciones específicos.
Sobre esa diferencia, la diputada planteó la duda central de su pedido: “Es fundamental saber si los casi $11.200 millones corresponden realmente al déficit de la caja complementaria o si dentro de esa cifra se están incluyendo obligaciones que debe afrontar el Tesoro Provincial”. Y agregó: “Son dos regímenes diferentes y la sociedad tiene derecho a conocer cómo se financia cada uno”.
La evolución de los beneficiarios
La legisladora también pidió datos sobre la evolución de los beneficiarios de la Ley 5192. Destacó que ese universo previsional es anterior a julio de 1995, por lo que es esperable que su cantidad disminuya por razones demográficas. Por eso reclamó información concreta sobre cómo se comportó ese grupo.
Otro de los puntos que cuestiona son los aumentos salariales de los empleados públicos provinciales. El Gobierno los mencionó como una de las causas del déficit. Paz de la Quintana advirtió que esas mejoras pueden incrementar las asignaciones complementarias que paga la AGAP, pero que también elevan los aportes personales y las contribuciones patronales cuando integran la base contributiva.
“No se puede presentar el aumento de los salarios como una causa del déficit sin explicar cuánto aumentó también la recaudación”, remarcó.
¿Con qué fondos se cubrió el rojo?
El proyecto también busca precisar el origen de los recursos con los que se cubrió el desequilibrio. Según la información difundida, el déficit se atendió con previsiones financieras del organismo, pero no se aclara si se usaron ingresos corrientes, reservas acumuladas, inversiones o transferencias del Tesoro Provincial.
Por eso, la diputada reclamó conocer los saldos financieros, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y la situación de los fondos destinados al pago de las asignaciones complementarias. A eso sumó un pedido de datos sobre los créditos que otorga la AGAP y los estudios actuariales disponibles.
El pedido de informes contiene 31 requerimientos y fija un plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo responda con documentación contable, presupuestaria y financiera.
“No buscamos generar incertidumbre entre los jubilados, sino todo lo contrario: queremos certezas. Si existe un déficit de esta magnitud, el Gobierno debe explicar cómo se produjo, qué hizo para prevenirlo y qué medidas adoptará para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales. La transparencia no es una opción, es una responsabilidad del Estado”, concluyó la legisladora.