Piden hasta 14 años de prisión para 19 policías y dos civiles por el fraude de combustible en Rosario

El fiscal José Luis Caterina presentó los pedidos de pena para 19 policías provinciales y dos civiles implicados en el fraude con fondos para combustible en Rosario. Destacan 12 años para el ex jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y 14 años para su secretario privado, Daniel Domínguez. La acusación también solicita 8 años para la empresaria Mónica Bianconi, dueña de la estación de servicio Gas Auto Tiferno.

A un año del escándalo, la etapa preparatoria del proceso penal está por concluir. Caterina presentó un escrito de más de 300 páginas con penas que van de 14 años a 3 años y 4 meses para 21 acusados por asociación ilícita, peculado, defraudación y cohecho. Además, pidió inhabilitación perpetua para cargos públicos.

¿Quiénes están detenidos?

Ocho ex altos mandos continúan presos: Acosta; Domínguez; Diego Santamaría (7 años pedidos); Héctor Saucedo (7 años); Juan Alberto Villordo (5 años); Diego Luna (5 años); Roberto Blanco (6 años y 8 meses); y Juan Manuel Herrera (5 años).

La defraudación al Estado provincial se organizó dentro de la Unidad Regional II mediante sobrefacturación y facturación fantasma de combustible en la estación Gas Auto Tiferno, en Ovidio Lagos 3974. El acuerdo operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025.

La estructura de poder

En la cúspide, el fiscal ubicó a Acosta y Domínguez como organizadores centrales. Por debajo, jefes de secciones operativas supervisaban a “encargados de carga” responsables de la facturación trucha, mientras Bianconi y Daniel Reynoso participaban desde Tiferno.

Las evidencias incluyen informes de GPS que detectaron cargas en móviles que nunca se movieron, registros fotográficos de efectivos retirando sobres con dinero, el secuestro de 25 millones de pesos y neumáticos sustraídos en la casa de Domínguez, y más de 300 tarjetas Visa Flota con un posnet en la casa del policía Villordo.

Se detectaron cargas diarias de combustible en móviles fuera de servicio e incluso incendiados. Entre las pruebas figura la declaración del imputado colaborador Gerardo Ramírez, y la causa sumaría otros dos arrepentidos.

La acusación sostiene que Acosta diseñó el esquema incluso antes de asumir, colocando en puestos clave a personas de confianza. Se mantenía en las sombras, aprobaba pedidos extraordinarios de combustible y avalaba un sistema de “multas” para garantizar retornos. También condicionó la continuidad de jefes policiales para que se plegaran a la maniobra.

Domínguez era el principal organizador operativo, encargado de disciplinar a mandos medios y subordinados. Exigía retornos, imponía sanciones informales y generaba temor. Ejercía control permanente sobre la recaudación ilegal, incluso mientras vacacionaba en Brasil con Acosta. Se enriqueció considerablemente y desplegó un esquema de coerción que sostuvo la organización criminal.