Piden juicio para dos exministros de Neuquén por el desvío de $1.200 millones

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó avanzar a juicio en la causa que investiga un presunto desvío de más de $1.200 millones de fondos públicos a través de la cooperativa Viento Sur. La acusación alcanza a ocho personas, entre ellas dos exministros del gobierno de Neuquén.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, pidió a la Oficina Judicial que fije la audiencia de control de acusación, instancia en la que se definirán las pruebas que llegarán al debate oral. La investigación apunta a un mecanismo que habría permitido entregar dinero estatal destinado a capacitaciones sin que se cumplieran los requisitos exigidos.

¿Quiénes están acusados?

Los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino fueron señalados como coautores del delito de administración fraudulenta, junto a Diego Mauro, S.E.B. y L.L.V., vinculados a la cooperativa. En tanto, B.R.V.N., F.G.S. y la diputada Gabriela Suppicich están acusados como partícipes necesarios.

Para el MPF, no se trató de hechos aislados sino de una actuación coordinada entre funcionarios y particulares que habría permitido usar el dinero del Estado sin respetar su finalidad. El perjuicio económico calculado asciende a $1.208.657.600 en valores históricos.

Los controles que no se habrían cumplido

Los fondos provenían de un programa del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que financiaba capacitaciones para organizaciones de la sociedad civil. Antes de cada pago, la entidad debía acreditar su regularidad, presentar un plan de acción y un padrón de beneficiarios, y demostrar que las capacitaciones realmente se habían realizado.

Según la acusación, buena parte de esos controles no se cumplió. La Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables, pero los pagos continuaron igual. A Di Luca y Chapino se les atribuye haber autorizado los desembolsos mensuales sin verificar los requisitos y haber aceptado rendiciones con documentación incompleta o inexistente.

Rendiciones cuestionadas

La Fiscalía sostiene que Diego Mauro, S.E.B. y L.L.V. solicitaron, recibieron y administraron el dinero con conocimiento de su destino. Luego presentaron comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, con presunta duplicación de gastos y omisiones de información.

En cuanto a B.R.V.N., F.G.S. y Suppicich, se los acusa de haber recibido fondos sin una contraprestación que justificara los pagos. Será el juicio el que determine si las conductas ocurrieron y qué grado de responsabilidad tuvo cada uno.

Un juicio con 80 testigos

El pedido de audiencia de control de acusación marca una etapa decisiva. El MPF prevé convocar a unos 80 testigos, lo que anticipa un debate extenso. El caso será analizado por un tribunal colegiado de tres jueces, que deberá definir si los ocho imputados son responsables del presunto perjuicio a las arcas provinciales.