Pidieron la prisión preventiva de Ariel Vallejo: los 51.436 cheques que complican a Sur Finanzas
51.436 cheques de terceros y una billetera virtual con $39.456 millones: las pruebas que la fiscal Incardona reunió contra Ariel Vallejo y que ahora deberá evaluar el juez.
La fiscal federal Cecilia Incardona reclamó este jueves el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. La imputación es por lavado de dinero y evasión impositiva, en el marco de una causa que investiga una presunta estructura para blanquear fondos del juego ilegal online.
El pedido quedó en manos del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, que ahora deberá resolver si avanza sobre el empresario. La hipótesis de la acusación sostiene que Vallejo usó sociedades, billeteras virtuales y cuentas bancarias para convertir dinero de origen ilícito en patrimonio con apariencia legal.
El entramado que reconstruyó la fiscalía
Según la investigación, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 Sur Finanzas habría servido como puerta de entrada al circuito financiero formal para fondos de origen ilícito. El mecanismo combinaba billeteras virtuales con una cuenta corriente de la empresa en el Banco Hipotecario.
Desde esa entidad aseguraron que la firma había presentado toda la documentación en regla para operar a través del banco.
Los movimientos más abultados que detectó la fiscalía se registraron en billeteras virtuales. La principal, a nombre de Ignacio L. M., acumuló $39.456 millones. A esa cifra se suman $15.706 millones en la cuenta de Juan I. C., $1071 millones en la de Catriel T. y $7285 millones en la de Jonathan L. L.
Los movimientos de tres de esos titulares estarían vinculados con el casino ilegal online, maniobras que ya investiga la Justicia de La Plata. En tanto, el dinero de una persona de apellido Ledesma habría llegado por operaciones de intermediación financiera no autorizada de Sur Finanzas.
Identidades ajenas y cuatro receptores finales
La hipótesis judicial indica que la organización dedicada al juego clandestino abría billeteras virtuales con datos biométricos de terceros. Esas cuentas funcionaban como receptoras del dinero de las apuestas ilegales.
Después, los fondos pasaban a cuatro receptores finales: Ignacio L. M., Catriel T., Juan I. C. y un cuarto involucrado de apellido Scigliano. Estos operadores habrían participado de la dispersión de la recaudación y de su ingreso al circuito formal a través de distintos proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.
El cuaderno, el “CASINO 24HS” y la declaración clave
Uno de los testimonios centrales del expediente es el de Mauro Perrotta, quien el 26 de agosto de 2026 admitió haber administrado uno de los llamados paneles, las unidades que comercializan fichas de apuestas.
Los investigadores también hallaron que una línea telefónica asociada a una cuenta de Ualá abierta a nombre de “Araya” estaba agendada como “CASINO 24HS”. En una escucha del 19 de enero de 2026, una interlocutora le reprochó a Perrotta lo que había hecho “con el CASINO ese”. Él contestó que había sostenido esa actividad durante “un año y pico”.
A esas pruebas se sumó un cuaderno secuestrado el 13 de agosto en uno de los gimnasios vinculados a Perrotta. El documento tenía anotaciones sobre casinos, nombres, montos de dinero y números telefónicos.
Cheques, préstamos y un club de fútbol
La fiscalía también afirma que Sur Finanzas captaba fondos del público y los destinaba a dar créditos y descontar cheques, pese a no tener autorización del Banco Central para funcionar como entidad financiera. La firma estaba inscripta como proveedora de servicios de pago, pero, según Incardona, manejaba el dinero de sus usuarios sin separarlo debidamente de sus propios fondos.
Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la empresa gestionó 51.436 cheques de terceros por más de $189.658 millones.
El expediente identificó además un préstamo de $702 millones a Taubenschlag durante 2024 y una serie de operaciones con Argentinos Juniors. El club cedió cheques por $600 millones con una tasa nominal anual adelantada del 100%. También recibió, el 23 de diciembre de 2024, un préstamo de $200 millones con un interés del 40% anual más un 1,5% mensual.
Los investigadores detectaron que Sur Finanzas operó con REBA Compañía Financiera como gestora de cobranza de cheques de terceros. Entre el 17 y el 28 de julio de 2025 depositó en esa entidad documentos por $1295 millones de Agolar S.A., cuyos fondos se liquidaron en la billetera virtual de esa sociedad.
Departamentos en Adrogué y el rastro del dólar
Otro tramo de la causa apunta al uso de dinero de infracciones cambiarias para constituir sociedades y comprar propiedades.
Según la fiscalía, Centro de Inversiones Concordia S.R.L. mantuvo entre septiembre de 2020 y octubre de 2022 tenencias de moneda extranjera por encima de los límites declarados, sin autorización previa del Banco Central. El organismo calculó ese exceso en US$103.548.677. Las operaciones de compraventa sobre ese volumen habrían generado ganancias irregulares por al menos $207 millones, que después se habrían usado para constituir Sur Finanzas Group S.A.
La investigación también identificó la compra de seis unidades funcionales en un edificio de la calle Coronel Samuel Spiro, en Adrogué, a nombre de Cluster Palace Beach S.A. Las operaciones se cerraron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 por US$600.000 en efectivo, equivalentes a $387,3 millones según las escrituras.
Para la fiscalía, ese dinero provenía de infracciones al Régimen Penal Cambiario cometidas a través de Ars Cambios S.A.S., una casa de cambio autorizada por el Banco Central. Esa misma entidad reunió los billetes para pagar los inmuebles: entre el 13 y el 26 de abril de 2023 recibió en efectivo $333.317.100 en once depósitos; el 18 y el 24 de abril y el 3 de mayo compró en el banco USD 70.000 cada vez; y en la cuenta en dólares del Banco Coinag S.A. retiró por caja USD 100.000 el 24 de abril, USD 100.000 el 3 de mayo y USD 200.000 el 9 de mayo de 2023, USD 400.000 en total.
Toda esta reconstrucción fue presentada por Incardona ante Rodríguez Ponte, que debe definir el procesamiento. La acusación sostiene que Vallejo se valió de distintas sociedades, billeteras virtuales y cuentas bancarias para transformar fondos de actividades ilícitas en patrimonio con apariencia legal.
