Pidieron los informes ambientales a 13 mineras y la respuesta fue el silencio

Un relevamiento inédito sobre transparencia ambiental en la minería argentina expuso una situación incómoda: ninguna de las 13 operaciones evaluadas entregó su Informe de Impacto Ambiental cuando se lo solicitaron. El dato surge del primer Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA), elaborado por la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD), que analizó proyectos de cobre, oro, plata y litio en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

El resultado general del índice arrojó que el 66% de las operaciones con puntaje presenta un desempeño insatisfactorio en transparencia ambiental. Los proyectos obtuvieron entre 25 y 72 puntos sobre 100, con un promedio de 50,7. De las 12 operaciones que recibieron puntaje final —Minera Manantial Espejo, en Santa Cruz, quedó excluida por estar en proceso de cierre—, cuatro alcanzaron un nivel alto, cinco un nivel medio y tres un nivel bajo.

Qué es el IIA y por qué su ausencia llama la atención

El Informe de Impacto Ambiental no es un papel menor dentro del proceso de evaluación. Según recuerda el informe de ICD, se trata de la base técnica sobre la cual la autoridad provincial evalúa preventivamente los potenciales impactos de un proyecto y decide si corresponde autorizar, condicionar o rechazar una actividad.

Sin embargo, que una empresa no haya entregado el IIA ante una solicitud particular no implica por sí mismo un incumplimiento legal. La Ley 25.831 establece que la responsabilidad de responder solicitudes de información ambiental recae sobre las autoridades públicas. Las compañías pueden facilitar voluntariamente la documentación relativa a sus propias actividades, pero no están obligadas a hacerlo.

Un ranking que mide transparencia, no contaminación

El ITMA no determina si una mina contamina, si cumple materialmente con todas sus obligaciones ambientales o si sus impactos son mayores o menores que los de otro proyecto. Tampoco permite concluir que una empresa incumplió simplemente porque determinada información no pudo ser verificada.

Lo que mide es si la información ambiental es pública, localizable, accesible, actualizada, comprensible y trazable. La ausencia de información verificable puede significar que el dato no está publicado, que se encuentra en un canal que no fue relevado o que efectivamente no existe; el índice no permite distinguir entre esas posibilidades.

El informe es claro en ese punto: el 66% de desempeño insatisfactorio no significa que el 66% de las operaciones tenga un desempeño ambiental insatisfactorio.

Rio Tinto Lithium y la consistencia dentro de los grupos empresariales

Uno de los hallazgos del trabajo apunta a la existencia de cierta consistencia dentro de grupos empresariales. Los tres proyectos que encabezan el ranking pertenecen al mismo grupo controlante, Rio Tinto Lithium. Para ICD, esto sugiere que las políticas y prácticas corporativas globales pueden tener una incidencia concreta en la forma en que se gestiona y comunica la transparencia ambiental a nivel local.

La observación resulta relevante para una industria en expansión: la transparencia no depende solamente de cumplir con la documentación exigida por el marco regulatorio. También implica definir qué información se publica, dónde se publica, con qué frecuencia se actualiza y qué sucede cuando una comunidad, una organización o un investigador pide información adicional.

El desafío también es del Estado

El propio ITMA reconoce que evaluar exclusivamente a las empresas ofrece una mirada parcial del problema. La información ambiental minera se encuentra, en buena medida, vinculada con expedientes y procedimientos bajo responsabilidad estatal. Las provincias tienen un rol central en la producción, administración, actualización y difusión de esa información, así como en la implementación de mecanismos institucionales de participación ciudadana.

Por eso, la segunda etapa del índice incorporará el análisis de las autoridades ambientales y mineras de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Santa Cruz. El objetivo será observar cómo producen, administran, responden y difunden la información relacionada con los proyectos bajo su jurisdicción.

Ese próximo paso permitirá poner en contexto los resultados obtenidos en esta primera medición y separar con mayor precisión qué brechas corresponden a decisiones empresariales y cuáles están relacionadas con la capacidad institucional de los organismos públicos.