Pidieron reabrir las sedes de Exen para salvar los puestos de trabajo, pero la respuesta del fiscal los dejó en shock

El fiscal federal Patricio Sabadini rechazó de plano el pedido de los empleados de Exen Gym para reactivar tres sucursales de la cadena y conservar sus puestos laborales. El dictamen, al que accedió NG Federal, advierte que la maniobra es jurídicamente inviable y podría poner en riesgo la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La presentación había sido impulsada por el abogado de los trabajadores en el marco del incidente de medida cautelar. Allí se adjuntó un plan operativo final para poner en marcha de manera administrada las sedes ubicadas en las calles Illia, Santiago del Estero y Las Heras.

El argumento de los empleados

Según los peticionantes, la creación de un fideicomiso de administración transitoria permitiría conservar el valor de los bienes cautelados y generar ingresos para sostener las fuentes de trabajo sin alterar la situación jurídica del expediente.

La Fiscalía, en cambio, sostuvo que ese formato contractual implica por definición la transmisión de la propiedad de los bienes, lo que colisiona con las medidas precautorias dictadas sobre el entramado societario investigado.

Los fundamentos del rechazo

Entre los argumentos centrales, Sabadini remarcó que las firmas que integran la cadena —como Exen Gym S.R.L. y otras sociedades afines— fueron constituidas e instrumentadas para canalizar e insertar en el mercado formal millonarios flujos de dinero de origen ilícito.

De este modo, la fiscalía alertó que autorizar la explotación comercial de activos que constituyen el objeto del delito investigado significaría avalar la continuidad de la maniobra delictiva en el tiempo. Además, recordó que el Ministerio Público ya solicitó formalmente la suspensión temporal de las actividades comerciales y de la personería jurídica de dichas razones sociales.

Inconsistencias en la propuesta

El dictamen también expuso severas inconsistencias en la conformación de la figura propuesta por los trabajadores. Por un lado, se pretendía que las propias empresas investigadas actuaran como fiduciantes disponiendo de los bienes, a pesar de estar sujetas a la acción penal.

Por otro lado, la propuesta designaba como fiduciario a Juan Martín Castillo Cassiet —designación justificada por su conocimiento de la operatoria interna—, lo que fue calificado por el fiscal como una seria irregularidad: encomendar la gestión de activos embargados a una persona que ya integraba el circuito administrativo bajo sospecha resulta inaceptable e inconveniente para la causa.

Por estas razones, Sabadini concluyó solicitando a la jueza federal interviniente que no haga lugar a la medida cautelar.