Pidió explicaciones por una tasa que ya les cobraron: la pregunta que el Gobierno no responde
Cuatro meses después de que un grupo de vecinos fuera a la Justicia por la tasa aérea, apareció una resolución del Gobierno que autorizó el cobro. Ahora los amparistas preguntan qué pasa con todo lo que les cobraron antes.
El exdiputado provincial Alfredo Marchioli y el abogado y vicepresidente de la UCR, Fernando Navarro, volvieron a apuntar contra el Gobierno de Catamarca por la Resolución 124/2025 del Ministerio de Desarrollo Productivo, que habilitó el cobro de la Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo (TOEA) a los usuarios de EC SAPEM. La norma se dictó cuatro meses después de que presentaran el amparo colectivo que cuestiona ese traslado.
La movida no es aislada: días atrás, Marchioli había invocado un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre tasas municipales para reforzar los fundamentos del amparo. Según sostuvo, ese antecedente ratifica que es EC SAPEM y no los vecinos quien debe hacerse cargo del tributo.
Sin acuerdo y con preguntas incómodas
Tras una nueva audiencia entre la empresa y los usuarios que impulsan el amparo, que terminó sin acuerdo entre las partes, Marchioli fue tajante: “La empresa no tiene ningún argumento para justificar por qué los vecinos pagan esa tasa”.
El dirigente radical redobló la apuesta con una serie de preguntas que apuntan directo al Gobierno provincial: “Si estaba todo bien, ¿por qué el Gobierno tuvo que autorizar este cobro después de que fuimos a la Justicia?”. Y siguió: “Si EC SAPEM ya podía cobrarnos esta tasa, ¿por qué el Gobierno tuvo que autorizarla después de que presentamos el amparo? Y si recién después apareció una autorización expresa del Gobierno, ¿qué pasa con todo lo que nos cobraron antes?”.
Marchioli también volvió sobre el origen mismo del cuestionamiento, en referencia a la infraestructura utilizada para prestar el servicio: “Si los postes y los cables son de la empresa, ¿por qué el Gobierno autorizó que esa tasa la pague el vecino?”.
El reclamo que arrancó en febrero de 2025
El conflicto se remonta a febrero de 2025, cuando Marchioli y Navarro exigieron formalmente al directorio de EC SAPEM que dejara de trasladar el tributo municipal a las facturas residenciales de los usuarios del servicio eléctrico.
La empresa rechazó el pedido en aquel momento: reconoció formalmente ser el sujeto obligado principal ante el municipio, pero argumentó que el contrato de concesión vigente la faculta a transferir ese costo a la totalidad de los usuarios. Ante esa negativa formal, los dos dirigentes radicales recurrieron a la Justicia con un amparo colectivo en representación de los vecinos damnificados por el cobro.
El planteo de los amparistas no cuestiona, en ningún momento, la potestad de los municipios para establecer la tasa por el uso del espacio público. Lo que pone en discusión es puntualmente que ese costo específico termine trasladándose a los usuarios finales de la energía eléctrica en lugar de ser absorbido por la propia distribuidora.
La causa sigue abierta
El expediente continúa en los tribunales provinciales de Catamarca. Tras la última audiencia de conciliación, celebrada sin acuerdo alguno entre EC SAPEM y los amparistas, el Ministerio de Desarrollo Productivo fue incorporado formalmente al proceso judicial.
