Un diputado catamarqueño pidió revisar casa por casa cómo viven los chicos alojados en hogares por medidas excepcionales, y metió en el pedido un capítulo que suele quedar en la sombra: el de las partidas y las rendiciones. Qué encontró para cuestionar y qué datos exige al Ejecutivo.
El diputado provincial Mamerto Acuña, referente de GENERAR, presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución para que el Ejecutivo provincial entregue un informe pormenorizado sobre los chicos y adolescentes que viven en hogares, residencias y otros dispositivos de cuidado alternativo por medidas excepcionales de protección de derechos. La iniciativa deja afuera a los menores bajo régimen penal juvenil.
La movida busca radiografiar el sistema de protección integral: cómo funciona, si se respetan las garantías legales y si el alojamiento sigue siendo una medida excepcional y transitoria, con la permanencia o la revinculación familiar y comunitaria como prioridad.
El principio que Acuña quiere poner sobre la mesa
En los fundamentos, el legislador sostiene que sacar a un chico de su entorno familiar debe ser una decisión de último recurso, respaldada por una vulneración concreta de derechos y acotada al tiempo estrictamente necesario.
Acuña remarca que las dificultades económicas de una familia no alcanzan por sí solas para justificar la institucionalización de un niño o adolescente. Por eso plantea que el Estado debe priorizar el fortalecimiento familiar y las alternativas de cuidado dentro de la familia ampliada o la comunidad.
Qué datos concretos reclama el pedido
El proyecto exige una lista larga de precisiones: qué establecimientos oficiales y conveniados existen, cuál es su capacidad y su nivel de ocupación, cuántos ingresos y egresos registran, cuánto tiempo permanecen los chicos y qué motivos originaron cada medida.
También pide detalles sobre el personal disponible, los equipos interdisciplinarios, la infraestructura, el acceso a la salud y a la educación, la preservación de los vínculos familiares y los mecanismos de escucha y denuncia frente a posibles casos de maltrato o violencia institucional.
El control de legalidad, bajo la lupa
Otro eje del proyecto apunta a si se cumplen los plazos que fija la Ley Nacional N.º 26.061 para la notificación judicial y la revisión de las medidas excepcionales. El diputado quiere saber además con qué argumentos se fundamentan las prórrogas y en qué situaciones se producen demoras.
La iniciativa pone el foco, asimismo, en las necesidades específicas de chicos con discapacidad, con problemáticas de salud mental o consumos, víctimas de violencia, abuso, trata o explotación, en situación de calle o pertenecientes a pueblos indígenas. Para esos casos reclama precisiones sobre los dispositivos especializados disponibles, las prestaciones pendientes y la articulación entre protección social, salud, educación y justicia.
Qué pasa cuando el chico sale del hogar
Acuña también solicita información sobre los programas de revinculación familiar, acogimiento y acompañamiento al egreso, incluida la aplicación de la Ley Nacional N.º 27.364, que crea un programa de acompañamiento para jóvenes sin cuidados parentales.
La intención es saber qué recursos y estrategias se ponen en marcha para garantizar la continuidad educativa, el acceso al empleo, la vivienda y las redes de apoyo una vez que termina el alojamiento institucional.
La plata: partidas, auditorías y rendiciones
En materia presupuestaria, el pedido incluye el detalle de las partidas de 2026, los fondos ejecutados, las transferencias a organizaciones conveniadas, las rendiciones pendientes, las auditorías y las previsiones de financiamiento para 2027.
Para Acuña, el requerimiento apunta a determinar si los dispositivos funcionan conforme a los principios de excepcionalidad, temporalidad y restitución de derechos. "Cómo sociedad tenemos que ver por todos nuestros niños, niñas y adolescentes", sostiene en los fundamentos.
