Pilar aprobó su "ficha limpia" contra el lavado de dinero del narcotráfico: qué controles regirán

En una sesión que tuvo lugar este jueves, el Concejo Deliberante de Pilar dio luz verde al Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, una iniciativa impulsada por el intendente Federico Achával (Unión por la Patria). La ordenanza N° 109/26, aprobada por mayoría, busca impedir que fondos provenientes de actividades ilícitas se cuelen en la economía formal del distrito a través de inversiones, desarrollos inmobiliarios, comercios y otros emprendimientos que requieran habilitación municipal.

La norma establece que el Municipio no autorizará nuevas inversiones, emprendimientos, desarrollos, habilitaciones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas que se encuentren investigadas o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico, mientras subsista esa situación judicial. La restricción tiene carácter preventivo y administrativo, y alcanza exclusivamente a las actuaciones cuya aprobación dependa de la Municipalidad de Pilar.

¿Qué pasa con las empresas?

La medida también alcanza a las personas jurídicas cuando el investigado o procesado sea el beneficiario final, ejerza control efectivo de la sociedad, tenga una participación que le permita influir en las decisiones, o actúe como administrador, representante, director, socio controlante o figura equivalente.

Uno de los mecanismos centrales será la presentación de una Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos y de inexistencia de impedimentos, en los casos que determine la reglamentación, para quienes soliciten autorizaciones, habilitaciones o permisos vinculados con inversiones o emprendimientos.

Controles reforzados

El Municipio podrá implementar procedimientos de debida diligencia y controles reforzados en operaciones consideradas de riesgo, como inversiones de gran magnitud, grandes desarrollos inmobiliarios, fideicomisos, estructuras societarias complejas, dificultades para identificar al beneficiario final, inconsistencias entre la actividad declarada y el volumen de inversión, o situaciones donde no pueda acreditarse razonablemente el origen de los fondos.

La ordenanza aclara que la Municipalidad no podrá atribuir responsabilidad penal ni determinar por sí misma la existencia de un delito. La existencia de una investigación judicial o proceso penal deberá acreditarse mediante información proveniente de fuentes oficiales, organismos competentes o autoridades judiciales.

La iniciativa fue rechazada por los concejales de La Libertad Avanza presentes: Andrés Genna, María Ratti Repetto, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas.

En un contexto reciente, el municipio que gobierna Achával aclaró que el predio donde se instaló un vacunatorio durante la pandemia no le pertenece. El proyecto inmobiliario, una megainversión en la zona del kilómetro 46 de la Panamericana, estaba a medio construir y se encontraba involucrado en la investigación judicial contra el abogado Mateo Corvo Dolcet. Los terrenos quedaron en guarda del Municipio y ahora la Justicia se los restituyó al propietario.