Pillín Bracamonte: la Justicia avanzó sobre una casa y seis empresas, pero el dato que más llamó la atención está en una camioneta

La Justicia federal de Rosario dio un nuevo paso en la causa que investiga el origen ilícito del patrimonio de Andrés "Pillín" Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024. El Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó el decomiso de una camioneta, un inmueble y las participaciones societarias del exbarrabrava en seis firmas comerciales.

La resolución, fechada el 22 de octubre, se dictó en el expediente por lavado de activos y hizo lugar al pedido de los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, con el respaldo de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Qué bienes quedaron bajo control de la Justicia

El decomiso alcanza a una camioneta Ford Ranger, dominio NMM 269; a un inmueble situado en Álvarez Thomas 1870, en Rosario, y a las participaciones que Bracamonte tenía en ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.

La medida recae sobre las porciones del exbarrabrava en esas firmas, no sobre la totalidad de las empresas. El juez aplicó el mecanismo de decomiso sin condena penal, previsto para circunstancias en las que se acredita el origen ilícito de los bienes y el imputado falleció antes de que el proceso pudiera concluir. En el expediente intervino además una defensora de menores en representación de los herederos menores de edad, y la resolución dejó asentado que no se presentaron planteos de su parte.

Los allanamientos que precedieron la medida

La orden llegó después de una serie de allanamientos realizados a fines de septiembre en Rosario y localidades vecinas. En esos operativos, Gendarmería secuestró once vehículos, ocho relojes Rolex, casi cinco millones de pesos, un arma y documentación.

En paralelo, los fiscales federales habían solicitado embargos preventivos por hasta 600 millones de pesos sobre otros bienes vinculados con familiares y allegados de Bracamonte.

De una causa por extorsiones a la pesquisa por lavado

La investigación patrimonial arrancó en 2020 en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Un allanamiento en el country Los Álamos, en Ibarlucea, realizado en principio por otra causa, permitió encontrar dinero en efectivo, cheques, documentación societaria y un contrato de alquiler vinculado con Bracamonte. Ese material dio origen a la pesquisa por presunto lavado de activos, en la que los investigadores advirtieron conexiones con distintas empresas de servicios. En ese expediente también quedó involucrado Carlos Vergara, entonces titular de la Uocra Rosario.

En mayo de 2023 un delegado gremial del sindicato con funciones en San Lorenzo presentó una denuncia que involucró a ambos investigados. Según su relato, Pillín apareció sin aviso ni invitación a un almuerzo que Vergara había organizado en un bar. El denunciante aseguró que el barrabrava primero lo miró fijo "todo el tiempo" y luego lo siguió hasta el baño para decirle que se iba a quedar con la delegación sanlorencina del gremio.

En noviembre de ese año, el sindicalista y el barrabrava fueron detenidos e imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita vinculada con extorsiones a constructoras. La hipótesis de aquella acusación provincial sostuvo que una estructura integrada por Pillín, Vergara y otras personas presionaba a empresas constructoras del cordón industrial para que contrataran servicios de baños químicos y viandas provistos por firmas vinculadas con los acusados. También se exigían pagos por supuestos certificados de libre deuda sindical y la contratación de trabajadores que no cumplían tareas efectivas.

El cruce entre la Justicia provincial y la federal

La causa por lavado derivó en un conflicto de competencias. Tras distintas resoluciones contradictorias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en diciembre de 2025 que la pesquisa debía tramitar en el fuero federal, al considerar que se trataba de un delito autónomo. En agosto de 2026 se delimitaron las competencias: la Justicia federal quedó a cargo del lavado de activos, mientras que las acusaciones por asociación ilícita, extorsiones y otras maniobras continuaron en la órbita provincial.

El movimiento que detectaron los fiscales tras el crimen

Para los fiscales federales, la muerte de Bracamonte no significó el fin de la estructura económica investigada, sino un cambio en la administración de los bienes. Uno de los movimientos que señalaron fue la inscripción de una camioneta Toyota Hilux a nombre de su última pareja, Agustina Diale, apenas 16 días después del crimen.

También detectaron que ATE Servicios Integrales SRL dejó su sede en Capitán Bermúdez a comienzos de 2025 y se trasladó a San Lorenzo, donde actualmente funciona bajo la gestión de Diale.

Embargos sobre el entorno: 19 vehículos y más

Los investigadores pusieron la lupa sobre vehículos e inmuebles registrados a nombre de familiares y allegados. Un pedido de embargo preventivo alcanzó a 19 vehículos, entre ellos un BMW M2, un Volkswagen Scirocco, una moto Yamaha R1, cuatro camionetas Volkswagen Amarok y un Mini Cooper. La medida también comprendió inmuebles vinculados con el entorno familiar, una moto de agua y cuatro licencias de taxi sobre las que se solicitó una prohibición de innovar.

Esos embargos deben distinguirse del decomiso ya dispuesto sobre los bienes que seguían a nombre de Bracamonte: las medidas preventivas buscan preservar activos mientras se investiga su titularidad real y su eventual origen ilícito.

El doble crimen que sigue sin autores materiales

Bracamonte y su mano derecha, Daniel "Rana" Attardo, fueron asesinados a balazos el 9 de noviembre de 2024, después del partido entre Rosario Central y San Lorenzo en el Gigante de Arroyito. Ambos se desplazaban en una camioneta Chevrolet S10 cuando fueron emboscados en inmediaciones de bulevar Avellaneda y Reconquista, a pocas cuadras del estadio.

Por el doble homicidio hay imputados por su presunta participación en la logística del ataque, mientras la investigación continúa sin determinar quiénes fueron los autores materiales ni quién ordenó el asesinato. Entre los imputados aparecen Alejandro "Cani" Zamudio y Alejandro Roberto Vázquez. En julio de 2026 también fue imputado Fernando Sebastián "Narigón" Vázquez, hermano de Alejandro, acusado de haber intervenido en el plan criminal.

La hipótesis fiscal sostiene que los atacantes contaron con apoyo para llegar al lugar y escapar después de los disparos. La pesquisa también avanzó sobre conductas posteriores al doble crimen, entre ellas el presunto robo de pertenencias de las víctimas.

Varios de los imputados están relacionados con la marca criminal Los Menores, un fenómeno en crecimiento desde 2023 que busca monopolizar en la región negocios ilícitos como la venta de drogas y el juego clandestino, ámbitos en los que Pillín no solo tenía contactos sino también influencias. Los movimientos en el paravalanchas canalla aparecen como consecuencia del asesinato de su histórico líder, pero todavía persisten interrogantes sobre el móvil, la instigación y la ejecución del crimen.