Plan de asistencia para familias vulnerables en Santa Cruz: quién impulsa la iniciativa

La Cámara de Diputados de Santa Cruz dio el primer paso para la creación del “Plan Provincial de Fortalecimiento e Inclusión Social”, un proyecto de ley que busca coordinar la asistencia del Estado ante situaciones de vulnerabilidad social, familiar y laboral en todo el territorio provincial.

La iniciativa, presentada por la diputada Rocío García, fue girada a comisiones en la última sesión ordinaria de la Legislatura, donde continuará su tratamiento parlamentario.

¿Qué contempla el proyecto?

El plan plantea dos ejes principales de intervención. Por un lado, el abordaje integral de situaciones de criticidad social, como precariedad habitacional, riesgos domiciliarios, desalojos inminentes, personas en situación de calle, falta de recursos para cubrir necesidades alimentarias, médicas o educativas, y familias afectadas por inundaciones, fuertes vientos, nevadas, sismos, actividad volcánica, incendios o explosiones.

En estos casos, se prevé asistencia financiera para alojamiento temporal, alimentos, vestimenta, reparación y equipamiento de viviendas, tratamientos sanitarios, traslados y servicios fúnebres, entre otras emergencias sociales.

El segundo eje apunta a situaciones que no responden a una urgencia inmediata, pero que requieren acompañamiento estatal: mejoras habitacionales, atención alimentaria, acompañamiento de tratamientos médicos, fortalecimiento de capacidades productivas y profesionales, y acceso a actividades culturales y deportivas.

¿Cómo se accederá a las asistencias?

La propuesta establece un procedimiento que incluye documentación respaldatoria, la elaboración de un informe socioeconómico o reseña situacional, el análisis de la problemática, el seguimiento de la asistencia otorgada y una posterior evaluación de su impacto.

Además, contempla una articulación entre organismos provinciales, municipios, comisiones de fomento, organizaciones sociales, juntas vecinales y otras instituciones que intervengan territorialmente.

Qué pasa con el financiamiento

Según el proyecto, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración sería la autoridad de aplicación, y el Poder Ejecutivo quedaría facultado para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar las intervenciones.

En sus fundamentos, García sostuvo que el contexto socioeconómico afecta la cobertura de necesidades básicas y los procesos laborales y productivos, y remarcó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado mediante políticas coordinadas entre distintas áreas y localidades.