Plan para acercar la Justicia a los pueblos más olvidados: ¿qué incluye el nuevo convenio?

La Justicia de Santiago del Estero se prepara para dar un salto hacia los rincones más apartados. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, firmaron un convenio de cooperación que promete transformar los Juzgados de Paz en verdaderos centros de acceso digital a la justicia.

El acuerdo, que se oficializó recientemente, apunta a derribar las barreras territoriales que hoy sufren miles de santiagueños que viven lejos de la capital. La meta es clara: que ningún ciudadano tenga que trasladarse largas distancias para realizar un trámite judicial.

¿En qué consiste el Plan Progresivo de Conectividad?

La iniciativa contempla un Plan Progresivo de Conectividad y Fortalecimiento Tecnológico que busca dotar a los Juzgados de Paz de la infraestructura necesaria para operar en red. Se identificarán las localidades con mayores dificultades de acceso al sistema judicial y se establecerán prioridades de intervención.

Además, se incorporará de manera gradual un “Kit Básico de Justicia de Proximidad”, adaptado a las necesidades de cada juzgado y a las posibilidades presupuestarias. Este kit incluirá equipamiento y herramientas para que cada juzgado pueda conectarse a una plataforma digital que facilite trámites, comunicaciones con otros organismos y, cuando corresponda, audiencias remotas.

Capacitación y red territorial: los otros pilares

El convenio también pone el foco en la capacitación permanente del personal de los Juzgados de Paz. Los contenidos abarcarán desde herramientas digitales y seguridad de la información hasta atención de personas en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la orientación y derivación de casos.

Se busca que los empleados puedan guiar a los solicitantes con un lenguaje claro y empático, mejorando así la calidad del servicio. En paralelo, se avanzará en la creación de una Red Territorial de Justicia de Proximidad para fortalecer la comunicación entre los juzgados y el resto del sistema judicial.

¿Cómo se medirá el impacto?

La implementación será por etapas, con una Comisión de Implementación y Seguimiento que definirá prioridades, establecerá cronogramas y evaluará anualmente los resultados. Entre los indicadores previstos se destacan la cantidad de juzgados conectados, la población alcanzada, la estabilidad de la conectividad, el número de agentes capacitados y la reducción de traslados hacia los Centros Judiciales.