Planes sociales: los 12 condenados juegan su última carta y piden que otros jueces revisen todo

Las defensas de los 12 condenados por la causa de los Planes Sociales tienen horas para agotar la última instancia antes de que sus clientes, quizá, deban ingresar a prisión. Pasaron 20 días hábiles desde que el Tribunal de Impugnación los condenó por primera vez como miembros de una asociación ilícita, un delito que los primeros jueces no dieron por probado.

El tema está atravesado por la política: la presión por penas más duras que la sola defraudación a la administración pública viene, según el artículo, desde las altas esferas del Estado neuquino. Y ahora la definición queda en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

Según pudo reconstruir LM Neuquén a partir de fuentes judiciales, el recorrido de los plazos fue distinto para cada condenado, pero converge en estos días. Las presentaciones ya realizadas dejan ver qué se discute en esta última instancia.

Qué se investigó y las dos condenas

La causa investigó una presunta estructura montada para desviar fondos de planes sociales de la provincia. Según la acusación, habría sido 9.303 operaciones irregulares, 8.708 extracciones con tarjeta por 125.412.400 pesos y 592 cobros de cheques por 27.970.300 pesos, realizadas a nombre de beneficiarios que en muchos casos no existían o no habían autorizado los movimientos, mediante listados paralelos y cheques endosados a personas ajenas a los planes.

El tribunal de juicio condenó a los 12 por administración fraudulenta agravada, pero los absolvió del delito de asociación ilícita el 22 de octubre de 2025 por beneficio de la duda: de esas 9.303 operaciones, solo diecinueve titulares fueron escuchados en el debate (15 de ellos, beneficiarios reales de un plan, apenas el 0,16% del total) y declararon bajo juramento que cumplían los requisitos para recibir la ayuda, pero que intermediarios se quedaron con el dinero. Ese puñado de testigos, cuantificado en 2.664.000 pesos de perjuicio individual acreditado, fue la base de la duda que el tribunal no logró despejar respecto de una asociación organizada.

El giro del 20 de agosto

El pasado 20 de agosto todo se dio vuelta. El Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Mauricio Macagno y Liliana Deiub, revocó la absolución por asociación ilícita y condenó a los 12 por primera vez como miembros de esa asociación, dejando sin efecto la pena ya fijada por los jueces Juan Manuel Kess, Juan Guaita y Luciano Hermosilla. Además, ordenó un nuevo juicio de cesura para redefinir las condenas.

Es exactamente ese giro el que las defensas atacan con mayor dureza, y en el que —según pudo saber LM Neuquén— coinciden en líneas generales los 12 condenados.

Cury, en su recurso, plantea que el tribunal que lo condenó nunca vio ni escuchó a un solo testigo, que solo leyó el expediente, y sin embargo llegó a una conclusión más firme que la del tribunal anterior, que sí había escuchado a los testigos en persona y por eso tenía dudas.

El segundo punto apunta a un número. La nueva sentencia dice que hay "9.303 maniobras acreditadas" como si fueran 9.303 casos de fraude ya comprobados uno por uno. Para Cury eso es engañoso: 9.303 es solo la cantidad total de operaciones bancarias (extracciones y cobros de cheques) que aparecen en los registros contables, no 9.303 casos donde se probó que hubo un engaño. Y agrega que cuando declararon los pocos testigos reales, varios dijeron que ellos sí eran beneficiarios legítimos y que otros se habían quedado con su plata, lo que puso en duda que todas las operaciones fueran fraudulentas. Desde entonces, sostiene, la Fiscalía nunca volvió a explicar ese número.

Primero la revisión horizontal, después el TSJ

Antes de llegar a la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del TSJ, las defensas presentaron una impugnación ordinaria para que sea otra integración del Tribunal de Impugnación —distinta a la que dictó la sentencia del 20 de agosto— la que revise la incorporación de la asociación ilícita. Es lo que en la jerga judicial se conoce como "revisión horizontal": al haber una condena nueva, piden que primero la revise un tribunal con otra integración y recién después, si no prospera, avanzarán con la impugnación extraordinaria ante el TSJ. En los hechos, una carrera de obstáculos con dos instancias sucesivas antes de que la Justicia diga la última palabra.

El abogado que se juega a todo o nada

Entre los 12 condenados, el recurso de Alfredo Cury —que ejerce su propia defensa, además del defensor oficial Juan Piombo— es el que detalla con mayor precisión lo que se pide, y su estructura en tres piezas sirve de espejo del resto de las presentaciones.

En su impugnación ordinaria solicita que una nueva sala, integrada por magistrados que no hayan intervenido en la causa, revoque su condena por asociación ilícita y restablezca la absolución de octubre de 2025. En paralelo presentó una impugnación extraordinaria contra la misma sentencia, pidiendo directamente al TSJ que revoque la condena o, en subsidio, declare la nulidad de ese tramo del fallo.

A eso se suma una tercera pieza: la impugnación extraordinaria contra la Sentencia 49/2026, dictada el mismo 20 de agosto, que confirmó su condena como partícipe primario del delito de administración fraudulenta agravada y rechazó su impugnación ordinaria contra la sentencia de responsabilidad de octubre de 2025. Allí pide su absolución directa, sin reenvío a nuevo juicio, o en subsidio que se reduzca su grado de participación y se limite su intervención a diez cheques por 490.500 pesos —dinero que sostiene que fue devuelto— cobrados entre octubre de 2020 y octubre de 2021, dejando fuera la extensión hasta julio de 2022 que fijó el tribunal de Kess, Guaita y Hermosilla.

Según su recurso, esos cheques le fueron pagados como honorarios profesionales, mientras que el propio dictamen contable de la acusación los describió como "gastos de mantenimiento de la estructura de la asociación", sin ubicarlo entre los beneficiarios falsos de los planes.

En los tres escritos, Cury pide además que se suspenda la realización del nuevo juicio de cesura hasta que se resuelvan las impugnaciones, invocando que las decisiones judiciales no se ejecutan mientras esté abierta la instancia de control, y deja planteada la reserva del caso federal.

Con estos plazos venciendo esta semana, la pelota queda en manos de la Oficina Judicial, que deberá sortear las nuevas integraciones del Tribunal de Impugnación que revisarán, sala por sala, si la asociación ilícita se sostiene. Hasta que eso ocurra, la condena no está firme y los doce acusados mantienen su derecho a que se agoten todas las instancias antes de cualquier ingreso a prisión. ¿Cuándo podría ser? Muchos entienden que el año que viene, donde habrá además mucho alimento electoral detrás de este juicio.