Plazo fatal de 72 horas: el CD de Pomán exige al intendente Gordillo que devuelva millones

El Concejo Deliberante de Pomán le dio al intendente Francisco Gordillo un ultimátum de 72 horas para que regularice la transferencia de fondos y la provisión de insumos. Si no cumple, irá a la Justicia.

La tensión política en Pomán llegó a un punto crítico. El cuerpo legislativo aprobó una resolución que intima al jefe comunal a girar las partidas adeudadas y a equipar al Concejo con los materiales básicos para su funcionamiento. El plazo corre desde la notificación y, si se vence sin respuestas, la Presidencia del CD está autorizada a radicar una denuncia penal.

El conflicto tiene su origen en la falta de transferencia de la denominada "Caja Chica", un fondo mensual de dos millones de pesos que establece la Ordenanza N° 17/2025. Según el comunicado del CD, el Ejecutivo adeuda los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

¿Qué reclama el Concejo?

No solo es una cuestión de números. Los concejales denuncian que la falta de recursos económicos y de insumos básicos, como hojas y tóner para impresoras, paraliza la actividad administrativa y legislativa del organismo. Esta situación compromete el trabajo de la planta permanente, integrada por 21 empleados.

Los ediles aseguran que agotaron todas las instancias administrativas previas: enviaron notas al Ejecutivo y aprobaron una resolución por unanimidad, pero nunca obtuvieron respuesta. Además, señalan que, al no haberse sancionado un nuevo presupuesto municipal, sigue vigente la reconducción automática del Presupuesto General, establecida en la Ordenanza N° 23/2025, conforme al artículo 45 de la Ley Provincial N° 4640.

Millones en juego

El presupuesto municipal asciende a $20.644.080.000. De ese total, al Concejo Deliberante le correspondería una partida de $634.800.000, prevista en la Planilla 4 del presupuesto reconducido. Sin embargo, esos recursos no fueron transferidos por el Ejecutivo.

La resolución aprobada faculta a la Presidencia del CD a presentar una denuncia penal contra el intendente por los presuntos delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal. Además, las actuaciones serán remitidas a la Dirección de Asuntos Municipales, al Tribunal de Cuentas y a otros organismos de control.

En el comunicado, el Concejo sostiene que la retención de partidas y la falta de insumos "configuran una subordinación de hecho que quiebra la división de poderes". La situación, según los ediles, afecta directamente la institucionalidad del municipio.