Poggi firmó la ley penal juvenil y anunció seis vehículos "no identificables": para qué son

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves un plenario sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, en el marco de los cambios que derivaron de la baja de la imputabilidad a nivel nacional. Allí firmó el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de la provincia, el decreto de homologación de contrato para la refacción de los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y el llamado a licitación para comprar seis vehículos no identificables para esa institución.

La actividad se dividió en cuatro paneles con disertaciones de funcionarios del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Al abrir la jornada, Poggi destacó la necesidad de coordinar acciones entre las distintas áreas del Estado.

"Todos somos parte del Estado y nuestro deber de servidores públicos nos obliga casi a articular acciones, sobre todo con institutos, con legislaciones nuevas como esta, que nos rigen en todo el país y en San Luis también", expresó el mandatario.

En esa línea, remarcó que la articulación debe darse "sin alterar la independencia de los poderes" y sostuvo que se trata de algo que "la ciudadanía nos exige". "Aportar toda la voluntad política para que este nuevo régimen comience bien. Esto es nuevo para todos y debemos estar a la altura de las circunstancias", agregó.

El gobernador anticipó además que la Provincia avanzará con una iniciativa legislativa para adecuar los procedimientos al nuevo marco normativo, junto con obras de refacción y puesta en valor en los CANAF y el inicio de instancias de formación para los equipos involucrados.

Qué dijeron los fiscales y defensores

El primer panel estuvo encabezado por el procurador General de la provincia, Eduardo Cadelago Filippi, y la defensora General, Marcela Torres Cappiello, quienes abordaron aspectos centrales de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil.

Cadelago Filippi señaló que el nuevo régimen "no es solamente decir, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, sino sobre todo, viene a otorgarle también derechos a esos menores". Y detalló: "Sí tienen un conflicto se establece cómo ser tratado, cuáles son las medidas que se tienen que tomar con ellos, cuáles son los plazos, cuáles son los principios que los regulan".

El procurador informó que el Ministerio Público Fiscal "ante la sanción o la entrada en vigor del régimen penal juvenil, promulgó un protocolo de actuación para estos casos", que establece las exigencias del nuevo régimen y cómo será la actuación de los fiscales.

Cappiello, por su parte, puso el foco en el rol de la defensa para garantizar los derechos de los menores. "Cuando no hay defensa privada, hay obligación legal de representar la defensa técnica, sumada a las defensorías de niñez, que también forman parte de la defensa pública. Defensa que ayuda a que se sustancie un debido proceso, que es la única manera de llegar de esa manera a un juicio justo", explicó.

La defensora general mencionó el principio de especificidad, que "hace que el derecho penal adolescente cuente con instituciones específicas o con alguna flexibilización en la aplicación de las normas", teniendo en cuenta que quien se juzga "es una persona que todavía no termina de desarrollarse desde el punto de vista cognitivo, del neurodesarrollo".

"Hay principios enormes que cumplir, y las garantías que tienen los niños, tienen que ver con una especial protección más allá de los adultos", subrayó, y apuntó que la ley y el código procesal contemplan los principios de responsabilidad por el acto y de integración social.

La mirada de los jueces: sujetos de derechos, no objetos de tutela

El segundo panel reunió a la jueza Penal Juvenil y Contravencional de la Segunda Circunscripción, María Antonela Panero; al juez de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil Nº2 de la Tercera Circunscripción, Carlos Orozco; a la jueza provisoria del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil Nº1 de la Tercera Circunscripción, Jesuana Barrios; y a la jueza Penal Juvenil y Contravencional de la Primera Circunscripción, Daniela Benenatti.

Panero precisó que "este nuevo modelo trae aparejada responsabilidad penal que respete de manera estricta sus derechos, las garantías y su condición de persona en estado de desarrollo". Y agregó: "Este nuevo paradigma implica un cambio en la visión estructural, y no hablamos del adolescente en conflicto con la ley penal como un objeto de tutela solamente, y como desamparo, sino como un sujeto de derechos".

Las disertantes hicieron hincapié en la importancia de trabajar con una mirada restauradora, de reinserción y de reparación, considerando la situación de vulnerabilidad de los adolescentes.

"Una ley que baja la edad de punibilidad a partir de los 14 años, pero también nos da muchas herramientas. Entre ellas, establece una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, que la misma ley establece como última opción", señaló Benenatti.

El proyecto provincial: cómo se aplicará en San Luis

El tercer panel estuvo a cargo de la diputada provincial Fabiana Zárate y de la secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, quienes detallaron puntos del proyecto de ley.

Carranza puntualizó que "este proyecto no busca volver a explicar el régimen nacional, sino establecer cómo lo vamos a aplicar en San Luis". Y comentó que la iniciativa establece que "los adolescentes deben contar con una defensa, ser escuchados y comprender lo que sucede durante el proceso", además de buscar "evitar demoras innecesarias".

"Las medidas que se adopten deben ser necesarias y adecuadas a cada situación, evitando restricciones mayores a las que correspondan. Por eso, la privación de la libertad debe ser excepcional", indicó la funcionaria.

En ese sentido, aseguró que el objetivo es que "San Luis cuente con un procedimiento claro y adaptado a la realidad de los adolescentes, que permita determinar responsabilidades, proteger a las víctimas, respetar las garantías y aplicar medidas adecuadas a cada caso".

Desarrollo Humano y Seguridad: "El ingreso al sistema penal no suspende los derechos"

El último panel tuvo como protagonistas al ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y a la ministro de Seguridad, Nancy Sosa, con foco en la articulación entre las áreas del Estado.

Bertolini explicó que el régimen "está centrado, básicamente, en la ley de los derechos del niño y en la convención", por lo que hay que "buscar la manera de articular mecanismos que resguarden estos derechos durante todo el proceso".

"El ingreso al sistema penal no suspende los derechos", afirmó, y detalló que se prevé garantizar el derecho a la educación, a la salud, a los vínculos familiares y comunitarios, y a construir un proyecto de vida alejado del delito.

El ministro remarcó la necesidad de un trabajo conjunto entre Desarrollo Humano y Seguridad, con especial atención al ámbito familiar como lugar de reinserción. "Tenemos que tener en claro que el egreso se debe empezar a trabajar desde el primer día", enfatizó.

Como cierre, Bertolini sostuvo que la implementación del nuevo régimen "tiene que ser un trabajo articulado con todos los actores que vamos a estar involucrados, desde la Justicia, desde los ministerios públicos (fiscal y de defensa), del Ejecutivo y el poder Legislativo".

Refacciones, vehículos no identificables y capacitación

La ministro Sosa informó que la implementación del nuevo régimen exige adaptar la infraestructura existente. "Vamos a tomar tres edificios que justamente coinciden con las circunscripciones judiciales, San Luis, Villa Mercedes y Concarán para intervenir y hacer una adecuación edilicia. Consiste en modificar la estructura y hacer una reconversión de las celdas en habitaciones", explicó.

Además, se crearán espacios para los equipos técnicos de Desarrollo Humano, personal de asistencia social y psicólogos de la CANAF.

En cuanto a la movilidad, se destinarán seis vehículos a las dependencias de la CANAF en San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo. "Estos vehículos no son el patrullero convencional, pero, por supuesto, deben contar con medidas de seguridad, tanto para quienes van a ser trasladados como quienes los trasladan, y esto es contar con un vehículo no identificable desde lo convencional", dijo.

La ministro detalló que tendrán "vidrios anti vandálicos para evitar cualquier situación que se pueda presentar dentro del vehículo, y un sistema de monitoreo y posicionamiento" conectado directamente con el despacho policial del 911 para la trazabilidad que requiera la Justicia.

Sosa anunció también que la especialización en la Ley Penal Juvenil será un requisito para todo el personal de la CANAF, con una carga de 100 horas reloj que comenzará entre marzo y mayo de 2027. Y adelantó que se adecuaron los programas de formación continua del Instituto Superior de Seguridad Pública para sumar horas de especialidad a quienes se forman como agentes de policía o subayudantes penitenciarios.

Para 2027 se proyecta además la obra del Instituto Penal de Alojamiento Juvenil, un edificio ubicado en un sector del Servicio Penitenciario Provincial con ingreso independiente y conforme a las normativas vigentes.

"Esto no es decir, 'vamos a encerrar jóvenes o adolescentes'. Me parece que la provincia debe contar con un lugar adecuado para tal fin y no terminar enviando a los menores a otras provincias", concluyó.