Poggi se suma a la ola libertaria: aprobó una ley que le permite vender tierras provinciales sin control

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, dejó en claro su sintonía con el presidente Javier Milei. Después de que los senadores puntanos acompañaran la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ahora su bloque provincial dio luz verde a una normativa que le otorga al Ejecutivo la facultad de disponer de los inmuebles fiscales sin intervención legislativa.

Se trata del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una iniciativa oficialista que permite conceder, alquilar, entregar en comodato e incluso vender directamente tierras y edificios del Estado provincial. La oposición denuncia que esto implica un cheque en blanco para el mandatario.

¿Qué dice la oposición?

El diputado provincial Walter Pollo, del PJ, explicó que el proyecto tenía dos partes: una dedicada a incentivar la inversión y la industrialización, y otra que amplía las facultades de Poggi para subastar bienes provinciales. "Ahí es donde está el conflicto. Pedimos que se saque y se arme otra ley aparte, pero no lo hicieron", sostuvo en diálogo con El Destape.

Pollo remarcó que la inclusión de ese apartado dentro de un régimen de promoción industrial funcionó como un blindaje político: "Después van a salir a decir que no acompañamos un proyecto de generación de empleo y de reactivación industrial. Pero no nos pueden meter otra ley que nada tiene que ver con la afectación de los inmuebles y las tierras fiscales".

Fundamentos constitucionales

El legislador justicialista citó los artículos 8 y 9 de la Constitución provincial, que impiden que un poder delegue sus facultades constitucionales y exigen publicidad para los actos de enajenación o afectación de bienes del Estado. "No vemos una participación del Estado, sino directamente entregar los bienes inmuebles y los recursos a algún privado", planteó, y reclamó un modelo "que incluya al Estado para que las ganancias queden dentro de la provincia, no que se lleven todo".

En una definición contundente, Pollo calificó la iniciativa como "un cheque en blanco" para el gobernador: "Es como darle un cheque en blanco a Poggi para que venda, regale o enajene los bienes de la provincia. Ahí nos opusimos". Y agregó: "Los campos, terrenos, edificios e inmuebles del Estado no son del gobernador de turno. Son patrimonio de todos".

El alineamiento con Milei

Consultado sobre el paralelismo con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada, Pollo trazó una continuidad directa: "Es la misma línea de Nación y provincia. En la provincia sabemos que Poggi es Milei". En esa votación, los senadores puntanos Bartolomé Abdala, que además presidió la sesión, e Ivanna Arrascaeta acompañaron el proyecto del Ejecutivo nacional, mientras que el justicialista Fernando Salino votó en contra.

El legislador también cuestionó el sentido de impulsar una promoción industrial en el actual contexto económico. "Quieren promocionar una radicación industrial cuando ha bajado el consumo", planteó, y enumeró: sueldos frenados desde 2023 en docencia, salud y seguridad, y una provincia que describió como una de las más endeudadas del país en términos de consumo familiar. "Si no generás otro contexto, si no subís los salarios para que exista consumo, cualquier reactivación industrial se va a caer, no va a ser sostenida en el tiempo".

Una Legislatura convertida en escribanía

Pollo describió además la relación de fuerzas dentro de la Cámara, que explica el destino de las iniciativas opositoras. "Ellos son 29, nosotros somos 14 en el bloque. Permanentemente te cajonean", sostuvo. Según relató, los proyectos del justicialismo suelen girarse a comisión sin tratamiento posterior, y el reglamento interno limita a cinco minutos la defensa de cada iniciativa en el recinto.

Ese escenario, afirmó, se repitió con el propio RIPEE: "Ellos tienen los votos, tienen hasta quórum propio. Si nosotros no nos presentáramos, aprueban todo ellos". "Las leyes más grandes son las que manda el Ejecutivo. Hoy la Legislatura se ha convertido en una escribanía", concluyó.

La ley ya está aprobada y la discusión se traslada ahora a su aplicación. Qué inmuebles se ofrecen, a qué precio, con qué compromisos de inversión y bajo qué control posterior son preguntas que el texto sancionado deja en manos del Ejecutivo, sin la instancia legislativa que hasta ahora intervenía en cada operación. Con el patrimonio histórico sin resguardo expreso y los cursos de agua alcanzados por el régimen, el justicialismo anticipó que seguirá el destino de cada bien que se ponga en juego.