Polémica en Chubut: una tranquera corta una ruta pavimentada y desata un conflicto de décadas

Un video que se viralizó muestra el momento en que automovilistas se encuentran con un portón cerrado en plena Ruta Provincial 12, un hecho que expone una falla histórica del Estado y reactiva viejas tensiones sobre la propiedad de la tierra. La instalación de la estructura fue realizada por Luciana Zárate, copropietaria del campo por donde pasa el tramo asfaltado, quien alega inseguridad y daños en su predio. Las autoridades admiten que la obra vial, construida con dinero público entre 2005 y 2009, nunca se completó legalmente al no expropiarse los terrenos.

El inusual corte se encuentra en el tramo que conecta Esquel con Gualjaina, específicamente a unos 60 kilómetros de la primera localidad. La imagen de la tranquera en medio de la carpeta asfáltica generó rápidamente revuelo en las redes sociales, donde inicialmente se denunció que la acción había sido llevada a cabo por un empresario estadounidense. Zárate aclaró que se trata de su marido, con quien compró el campo “La Cancha” hace casi dos años.

¿Una ruta pública o un camino privado?

La respuesta oficial de la Administración de Vialidad Provincial (AVP) no dejó lugar a dudas sobre el vacío legal. En un comunicado, el organismo describió la situación como “un proyecto vial inconcluso”. Reconoció que, si bien la obra avanzó de forma material, “el proceso de adquisición de tierras y transferencia de jurisdicción a favor del Estado nunca se perfeccionó”.

Según la AVP, con los dueños anteriores de la tierra existió un proyecto de convenio para formalizar la cesión, pero “dicho documento nunca fue suscripto”. Por lo tanto, la tierra mantuvo su carácter de propiedad privada. El organismo sostuvo que la colocación de la tranquera constituye “el ejercicio de un derecho de propiedad sobre un proyecto vial que nunca se consolidó legalmente”.

Antecedentes de un permiso y nuevos conflictos

La historia de este cierre no es nueva. La AVP reveló que, tras verificar la titularidad dominial en el pasado, los dueños anteriores del campo ya habían recibido una autorización para cerrar el camino. El argumento de entonces era que el tramo asfaltado generaba confusión entre los conductores y afectaba la seguridad del predio. Con el cambio de propietarios, el conflicto se reactivó.

Las autoridades provinciales señalaron que ahora “no se puede avanzar en nuevas soluciones o convenios hasta que los actuales ocupantes cumplimenten la certificación de dominio actualizada”. Este punto deja en un limbo la posibilidad de una solución rápida para los vecinos que usan la ruta a diario.

Por su parte, Luciana Zárate defendió su decisión. Sostuvo que nada le impide colocar la tranquera, ya que la ruta pasa por su campo, y argumentó que la medida responde a hechos de inseguridad y daños constantes. La mujer mencionó conflictos con un grupo de “autoproclamados mapuches” que, según ella, dañan su predio con frecuencia e incluso intentaron tapar una fosa para guardaganado hace un año.

Zárate también aclaró que la tranquera no tiene candado y que no está impedido el acceso para todos. Mencionó que un vecino con el que mantiene buen trato entra y sale del campo sin problemas. Además, se manifestó abierta a negociar un acuerdo en el caso de que se reactiven los trabajos para finalizar la obra vial original, tal como fue planeada.

La postura municipal y el debate por los fondos públicos

La explicación de Vialidad Provincial y de la propietaria no es compartida por todos los actores locales. El intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, adoptó una postura más crítica. El jefe comunal había pedido informes sobre la obra de la tranquera y trabajaba con un equipo de abogados para evaluar la posibilidad de avanzar con una presentación judicial.

Quienes cuestionan la medida insisten en un argumento clave: ese tramo de ruta fue construido con fondos públicos. Consideran descabellado que los ciudadanos de Chubut tengan que volver a pagar, ya sea mediante una nueva expropiación o un convenio, por un error administrativo que dejó la obra sin el respaldo legal necesario hace más de una década. La polémica, lejos de apagarse, recién comienza.