Polémica en Entre Ríos: quieren derogar la Ley de Enganche y los jueces salieron a defenderla

Un proyecto de ley presentado este martes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos busca derogar el artículo de la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche, que ata los sueldos del Poder Judicial provincial a los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa, impulsada por dos diputadas de bloques opositores, ya generó una fuerte reacción del presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafael Cotorruelo, quien la calificó de "selectiva" y advirtió sobre un posible "condicionamiento" al Poder Judicial.

La autora del proyecto es la diputada Gladys Salinas, del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular, y la acompaña Noelia Taborda, de la Alianza Juntos por Entre Ríos. Según explicaron, la propuesta no busca impedir que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que esas decisiones se tomen en la provincia, "de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos".

Para las legisladoras, es necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas las decisiones que comprometan el presupuesto provincial. "Solo de esa manera podremos garantizar una administración ordenada, responsable y transparente de los fondos que pertenecen a todos los entrerrianos", sostuvieron.

La respuesta de los jueces

Rafael Cotorruelo, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, admitió que la aparición del proyecto "no nos sorprendió pero nos preocupó mucho". No obstante, destacó que la iniciativa aún no tomó estado parlamentario ni contó con el acompañamiento del resto de los legisladores de Juntos por Entre Ríos.

En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Cotorruelo consideró que la iniciativa "casi no tiene fundamentación", aunque evitó adjudicar intencionalidades a las legisladoras que la impulsan. "Si bien la Legislatura tiene facultad para discutir una ley, también decimos que fue la Legislatura la que sancionó la Ley de Enganche. Nuestro sistema remunerativo fue implementado precisamente por una ley provincial", señaló.

El dirigente judicial cuestionó el "fundamento aparentemente fiscal" del proyecto y aseguró que no explica por qué hacer desaparecer un esquema salarial que, a su entender, fue "una clara solución" para desvincular la discusión salarial del Poder Ejecutivo, al que el Poder Judicial debe controlar. "Esto es claramente una garantía de independencia y de ninguna manera un privilegio", enfatizó.

Cotorruelo también señaló que el sistema no implicó aumentos por encima de otros sectores y que muchos entes autárquicos provinciales, como el Instituto del Seguro, tienen mecanismos de ajuste similares. "Llama la atención esta selectividad: señalar solamente a un poder del Estado", insistió.

Un momento delicado

Consultado sobre si la derogación afectaría la independencia del Poder Judicial, Cotorruelo respondió que, más allá de que la ley fue una solución y no existe una razón fiscal para eliminarla, tampoco hay un fundamento de oportunidad. Recordó que la legisladora impulsora mencionó que pasaron 15 años desde la sanción y que "es momento de revisar", pero advirtió que el proyecto surge en un contexto de reforma previsional, con varios sectores anunciando que judicializarán diversos puntos.

"El proyecto surge en un momento en donde se está mirando al Poder Judicial. Posiblemente se acuda al Poder Judicial y quizás pueda adoptar decisiones que afecten a los otros dos poderes del Estado. Eso es lo que preocupa realmente", explicó. Para Cotorruelo, una lectura posible es que se trate de "una suerte de condicionamiento" a quienes están llamados a decidir sobre esas cuestiones.

El presidente de la Asociación de la Magistratura también rechazó que la intangibilidad de sus remuneraciones sea un privilegio y recordó que durante la emergencia por el Covid la Ley de Enganche estuvo suspendida, lo que implicó que sus haberes no aumentaran como el resto.

Qué harán desde la asociación

Consultado sobre si pedirán una reunión con la Legislatura, Cotorruelo confirmó que sí, sobre todo si el proceso avanza. "Entendemos que todavía no tiene estado parlamentario. Creemos que no va a tener viabilidad. Nuestra posición es que sea retirado", afirmó, aunque aclaró que si el proyecto avanzara, estarán presentes.

Además, reveló que la Asociación mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, quien les ratificó que el proyecto no es compartido por el Gobierno provincial.