Polémica en Río Negro: prohíben el cierre de escuelas rurales pero el proyecto fue rechazado

El proyecto que buscaba prohibir el cierre de escuelas y residencias educativas en localidades de hasta 2000 habitantes generó un fuerte debate en la comisión de Educación. Funcionarios del Ministerio de Educación, miembros del gremio UnTER y representantes del Parlamento Mapuche expusieron posturas encontradas.

La iniciativa, impulsada por Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), denuncia que desde 2012 existe una política sistemática de cierre de escuelas hogares y residencias rurales en lugares como Ramos Mexía, Cerro Alto, Sierra Colorada o Mencué. Según los legisladores, esto vulnera el derecho humano a la educación.

¿Qué argumentaron los impulsores?

Odarda y Pilquinao sostuvieron que estas escuelas son "mucho más que una escuela", ya que funcionan como el centro vivo de los parajes, garantizan alimento y abrigo a los niños, y son el único punto de conectividad para emergencias. Para ellos, cerrarlas afecta directamente a las comunidades más vulnerables.

Desde el Ministerio de Educación, las funcionarias Marcela Strahl, Romina Procoppo y Paula Quesada, junto al legislador Norberto Moreno (JSRN), defendieron que los cierres son en su mayoría "transitorios" y se deben a la falta de inscripciones por la disminución de población rural.

La postura del oficialismo

El legislador Facundo López (JSRN) fue contundente: no se le puede quitar al Ministerio de Educación la facultad técnica y administrativa de decidir cuándo abrir o cerrar un establecimiento basándose en criterios pedagógicos. Para él, una ley que prohíba los cierres absolutos es inviable.

Además, desde el Ministerio explicaron que el cierre de residencias (donde los niños duermen lejos de sus padres) se reemplazó por la creación de 27 anexos de Escuelas Secundarias Rionegrinas (SRN) rurales virtuales y escuelas de jornada completa. El objetivo, aseguran, es evitar el desarraigo y mantener a los niños cerca de su núcleo familiar, garantizándoles transporte y alimentación diaria.

El apoyo de UnTER y el Parlamento Mapuche

Los trabajadores del gremio docente UnTER apoyaron el proyecto, señalando que la educación presencial y las residencias son vitales para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, donde a veces los niños dependen de la escuela para alimentarse.

Por su parte, los representantes del Parlamento Mapuche argumentaron que el cierre y modificación de escuelas en parajes viola el Convenio 169 y la Constitución, ya que las comunidades originarias no fueron consultadas sobre medidas que afectan profundamente su cultura, identidad y territorio.

Tras un extenso debate, el proyecto fue sometido a votación y resultó rechazado por mayoría.

Otro proyecto: Altas Capacidades (AACC)

En la misma comisión se trató el proyecto que busca establecer un marco regulatorio para la detección temprana, acompañamiento y abordaje integral de niños, niñas y adolescentes con Altas Capacidades (AACC) en los niveles inicial, primario y secundario.

La propuesta, impulsada por Juan Martín (PRO), plantea la creación del Programa Provincial de Educación para AACC en el ámbito del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, con el fin de garantizar la inclusión educativa mediante la adaptación de planes pedagógicos, opciones de flexibilización o aceleración de la escolaridad, y la capacitación docente continua y gratuita.

Durante la discusión, los funcionarios del Ministerio argumentaron que la normativa vigente ya contempla la diversidad en el aula, mientras que los legisladores denunciaron una falta de recursos y capacitación real para los docentes. El oficialismo sostuvo que un programa específico podría ser reduccionista, pero los impulsores enfatizaron la necesidad de un protocolo provincial con presupuesto propio para evitar que estas "mentes brillantes" se pierdan en un sistema colapsado.

El intercambio concluyó con una votación de dictamen dividido, con mayoría negativa.