Polémica en Santa Cruz: ¿puede la Caja de Previsión jubilar a jueces sin su consentimiento?

La Asociación de la Magistratura salió a cuestionar una decisión de la Caja de Previsión Social que otorgó jubilaciones a diez integrantes del Poder Judicial, nueve de ellas mujeres, y advirtió que esto afecta la independencia judicial. El conflicto escaló a nivel institucional.

La entidad, presidida por la jueza María Alejandra Vila, de la Cámara Criminal, emitió un comunicado este martes en el que expresó su preocupación por lo que consideró un avance de la autoridad administrativa sobre la composición de los tribunales.

¿Qué cuestiona la Asociación?

Según el comunicado, el Directorio de la Caja de Previsión Social resolvió otorgar la jubilación a diez miembros del Poder Judicial de manera “selectiva e inconsulta”. De ellos, nueve son mujeres, incluidas juezas del máximo tribunal provincial.

Para la Asociación, esto no solo modifica la integración de los órganos judiciales, sino que también vulnera la legislación vigente y los principios constitucionales de igualdad y paridad de género.

“Este proceder importa una vulneración grave a la legislación vigente, la igualdad y paridad de género de origen constitucional”, sostuvieron desde la organización.

Jubilarse no es lo mismo que dejar el cargo

Uno de los ejes del reclamo es la diferencia entre reconocer un derecho previsional y poner fin a la función judicial. La Asociación remarcó que son “cuestiones distintas”.

“El hecho de tener los requisitos para jubilarse no autoriza a una autoridad administrativa (CPS) a disponer la separación del cargo”, afirmaron.

Además, advirtieron que este tipo de decisiones no está contemplado en la Constitución de Santa Cruz y podría afectar la garantía de inamovilidad de los jueces.

Gravedad institucional y control constitucional

Ante lo que calificaron como una situación de “gravedad institucional”, los magistrados reclamaron que cualquier decisión que modifique la integración del Poder Judicial sea sometida a control constitucional.

También pidieron preservar la división de poderes, el principio de legalidad, la igualdad, la prohibición de discriminación y el respeto por las instituciones democráticas.

La entidad insistió en que las decisiones sobre la permanencia y composición de los jueces deben ajustarse estrictamente al marco legal, por las consecuencias que pueden tener sobre la independencia de la Justicia provincial.