Polémica por el Comité contra la Tortura: denuncian que el proyecto "concentra el poder en la política"

Mario Alanís, director del programa de la Facultad de Humanidades en contexto de encierro de la UNCA, cargó contra la iniciativa presentada por los diputados provinciales María Argerich y Nicolás Zavaleta. El docente sostiene que el texto no garantiza autonomía del poder político y exige mayor participación de la sociedad civil.

Catamarca sigue siendo una de las pocas provincias sin un Comité Provincial de Prevención de la Tortura, una deuda que el proyecto busca saldar. Sin embargo, para Alanís, la forma en que está planteado el organismo lo vuelve ineficaz.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa propone un comité de nueve miembros que trabajarán ad honorem. Estará presidido por el Defensor del Pueblo e integrarán dos representantes del Senado (uno por mayoría y otro por minoría), tres de Diputados (dos por mayoría y uno por minoría), un representante de la Dirección Provincial de Derechos Humanos, uno del Ministerio Público Fiscal y uno de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en derechos humanos.

Este último será elegido mediante un procedimiento público y abierto. Además, se establecen inhabilidades para quienes hayan pertenecido a fuerzas de seguridad, policiales o al servicio penitenciario, un punto que busca evitar la captura institucional.

Las críticas de Alanís

En diálogo con Tiempo Real, el docente fue contundente: “A mí me daría vergüenza presentar una cosa así”. Y enumeró tres razones: falta de presupuesto garantizado, falta de autonomía de los conducentes y ausencia de participación de organizaciones civiles.

Además, alertó que cinco de los nueve integrantes dependerán del poder político, lo que pone en duda la independencia del organismo. “El texto lo único que hace es concentrar aún más el poder de control del funcionamiento de las agencias de seguridad en otros ramos del poder político”, afirmó.

Para Alanís, estos organismos solo son eficaces si tienen autonomía garantizada. También lamentó que no se haya convocado a equipos territoriales ni a ONGs para redactar el proyecto, algo que considera esencial para que el comité funcione.

Un avance con deudas

El proyecto prevé que el comité funcione dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo, sin crear nuevos cargos pagos, y que elabore un informe anual público antes del 31 de mayo de cada año, que se remitirá a los tres poderes del Estado y al CNPT nacional.

La iniciativa representa un paso, pero las críticas dejan en claro que el camino hacia un control efectivo de los centros de detención todavía tiene obstáculos importantes.