Polémica por la Ley de Falsas Denuncias: temen que las víctimas dejen de hablar
¿Sabés qué dice la ley que podría silenciar a las víctimas de violencia? Conocé los argumentos del rechazo masivo.
Un frente multisectorial encendió las alarmas contra el proyecto que busca penalizar las denuncias falsas. Advierten que la iniciativa podría silenciar a quienes más necesitan justicia y que carece de respaldo estadístico.
Referentes de áreas de Mujeres, Género y Diversidad, organizaciones sociales, sindicatos, académicos, legisladores y colectivos de derechos humanos firmaron un documento de casi 2.000 adhesiones que fue presentado ante las comisiones del Congreso. El proyecto S-0228/2025 podría tratarse en el Senado el próximo 6 de agosto.
¿Qué dicen los firmantes?
El texto sostiene que el proyecto no tiene sustento empírico. Argentina no cuenta con estadísticas oficiales que demuestren un problema generalizado de falsas denuncias, por lo que destinar recursos del sistema penal a ese fenómeno sería una decisión arbitraria.
Además, afirman que la iniciativa podría limitar el acceso a la Justicia al desalentar las denuncias de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Muchas personas temerían una eventual criminalización si la investigación no logra reunir pruebas suficientes.
Un punto central es que la ley equipara la falta de pruebas con la falsedad de una denuncia. Los firmantes recuerdan que los delitos de violencia o abuso suelen ocurrir en ámbitos privados y presentan dificultades probatorias.
Impacto en víctimas y profesionales
El proyecto también reforzaría estereotipos sobre quienes denuncian violencia de género y contradice compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.
Por otro lado, la posibilidad de sanciones podría desalentar la participación de testigos, médicos, psicólogos y peritos en causas complejas, dificultando la obtención de pruebas.
Finalmente, los firmantes pidieron al Senado rechazar el proyecto y, en su lugar, impulsar medidas como patrocinio jurídico gratuito, equipos técnicos especializados, capacitación con perspectiva de género, reducción de tiempos procesales y mayor coordinación entre organismos del Estado.
El documento concluye que los problemas del sistema judicial deben resolverse con mejores herramientas de investigación y protección, no con medidas que podrían desalentar las denuncias de las personas más vulnerables.
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