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martes, diciembre 1, 2020

Los 5 funcionarios de Tucumán denunciados por abuso sexual

Entre 2018 y 2020 cinco mujeres radicaron denuncias por abuso sexual o violencia física. En Tucumán lanzaron una mesa contra los abusos del poder político para acompañar a las víctimas y que se haga justicia

En Tucumán son cinco los funcionarios del poder político que fueron denunciados por abuso sexual o por violencia de género entre el 2018 y el 2020. Quizás los casos que más resuenan y que aún no fueron resueltos por la Justicia, son los casos del ex gobernador de Tucumán y actual Senador en uso de licencia, José Alperovich y el del legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi; ambos denunciados por abuso sexual.

Sin embargo, las denuncias de las víctimas involucran además a concejales, vocales de la Corte Suprema e intendentes que ejercieron abusos de poder y violaron sus derechos. En la mayoría de los casos, la justicia se mantuvo en cámara lenta y por el momento no hay respuestas concretas para las denunciantes.

Ante la cantidad de casos no resueltos, esta semana desde el movimiento feminista tucumano se presentó formalmente una Mesa Contra los abusos del Poder Político.

El Caso de la denuncia contra el intendente de Famaillá José Orellana, es el único que tuvo avances positivos para la mujer que lo denunció.

Los casos:

Bruno Romano, actual concejal del PJ por la ciudad de Alberdi, fue denunciando por Romina Dip en marzo de 2018 luego de sufrir innumerables golpizas. Cabe destacar que Romano es boxeador. Con posterioridad a la separación tampoco cumplió con el régimen de alimentos para con su hija.

Pese a que ya estaba la denuncia, y que Romina impugnó su candidatura, volvió a ser
candidato a concejal en las elecciones del 2019 donde salió electo. La causa estuvo a punto de prescribir por las innumerables maniobras jurídicas interpuestas por Romano.

Luego vino el fallo absolutorio en julio de 2020. Pese a las sobradas pruebas presentadas durante todo el proceso el juez Saracho Daza absolvió al concejal apelando al beneficio de la duda. Desconoció las medidas de restricción y los informes realizados por los profesionales actuantes que constataron la violencia que sufría.

El fallo fue apelado y hace 2 semanas se suspendió la audiencia que le iba a dar tratamiento.

El 22 de noviembre de 2019, José Jorge Alperovich fue denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal por su sobrina y ex asistente. A través de una carta pública contó los padecimientos que sufrió durante casi dos años.

Desde un primer momento se denunció la desigualdad de poder existente, no solo económico, sino también simbólico y político, ya que Alperovich gobernó durante 12 años la provincia y designó a la gran mayoría de los jueces y fiscales del Poder Judicial. Desde entonces, se encuentra de licencia ya que sus pares del Senado no tomaron ninguna medida ante la gravedad de la acusación.

La denuncia se radicó en Tucumán y en Buenos Aires ya que los hechos denunciados
sucedieron en ambas jurisdicciones. Desde enero la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe definir la competencia jurisdiccional y aún no brinda ninguna respuesta.

La causa no avanza lo que se traduce en revictimización e impunidad para una joven que tuvo la valentía de romper el silencio.

En junio de este año el legislador tucumano Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi y presidente de la bancada de Fuerza Republicana, fue denunciado por abuso sexual y usurpación de identidad.

En la denuncia presentada por la víctima, a quien conocemos con el seudónimo de Lupe, se pone de manifiesto que los hechos ocurrieron en la Legislatura. La misma contiene dos
acusaciones: la de delito sexual con acceso carnal contra Bussi y la que habría llevado a
Lupe hasta la Legislatura el día del abuso, la usurpación de identidad que el partido del
legislador había hecho con sus datos personales para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos.

El abuso sexual, aberrante en sí mismo, no fue un hecho aislado, fue parte de un entramado de violencias y acciones de amedrentamiento con las que el legislador, en complicidad con otros dirigentes de su partido, pretendieron acallar a la víctima con la finalidad de impedir que denunciara su responsabilidad en la malversación de fondos y recursos públicos.

Lupe ha sufrido acciones intimidatorias y ha temido por su seguridad. Convirtiéndose en el blanco de diversas formas de hostigamiento, mensajes de texto amenazantes y ha sido perseguida por personas misteriosas, personal policial y miembros de Fuerza Republicana. Incluso llegó a estar refugiada 60 días fuera de su hogar y al regresar, contando ya con custodia policial, la encontró saqueada. Debiendo recurrir al apoyo de organizaciones de mujeres ante la falta de respuesta de la justicia provincial.

Mientras tanto ni el gobierno provincial ni ningún sector de la Legislatura se han pronunciado a favor de la investigación del abuso sexual. Este silenciamiento, sumado a la inactividad judicial evidencia un entramado político, judicial y mediático. Es imperioso que se dé lugar al pedido de desafuero contra el legislador, de manera que pueda ser imputado y avance la causa.

En mayo de 2020 La Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional decretó el procesamiento del ex diputado y actual intendente de la localidad de Famaillá José Orellana por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados.

Pasaron cuatro años desde los hechos y desde que se realizó la denuncia. En julio de este año el Congreso de la Nación realizó una reparación histórica a la joven que lo denunció, reconociendo de esa manera que la joven había sido víctima de Orellana. Quedó incorporada a la planta permanente como primera ingresante al nuevo Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara. El actual intendente espera el juicio oral en funciones.

-Elvira, una trabajadora judicial que esperaba, desde hacía 10 años, un ascenso que le
correspondía por su antigüedad. Como el trámite debía pasar por la aprobación Antonio Estofan, vocal de la Corte como miembro preopinante del caso y se encontraba demorado, solicitó una audiencia con dicho magistrado para solicitarle celeridad. Una vez que fue recibida, Estofan, en lugar de escuchar el motivo de la solicitud de la audiencia sacó a relucir una causa penal que la empresa Andreani le inició a Elvira, para evitar pagarle una indemnización por un despido laboral sin causa. Por dicha causa, Elvira fue sobreseída pero la empresa apeló llegando hasta la corte, instancia en la que se debía adoptar la decisión final de dejar firme el sobreseimiento o dar lugar a la revisión del fallo.

Estofan, como integrante de la corte, haciendo uso de su poder le hizo una invitación a salir para arreglar las cosas y de manera directa a un encuentro sexual. Elvira se retiró del despacho aclarándole que tenía dignidad. Este hecho de acoso sexual le ocasionó a Elvira un grave daño a su salud mental por lo que tuvo que solicitar una licencia. Intentó radicar la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica donde le cerraron las puertas y por ello realizó la denuncia frente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. / El Tucumano.

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