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sábado, enero 23, 2021

El exintendente de Monteros y juez Pedicone solicita a la Corte frenar el proceso del jury de Enjuiciamiento

Al planteo de inconstitucionalidad se suma el amparo contra la tarea de Juicio Político

La Corte Suprema de la Provincia está convirtiéndose progresivamente en la instancia donde se acumulan los planteos con los que el exintendente de Monteros y juez Pedicone (denunció en septiembre al vocal Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de deberes) intenta frenar el proceso de destitución en su contra en el Jurado de Enjuiciamiento.

Por un lado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo remitió al alto tribunal el recurso de amparo que, en la segunda semana de noviembre, el magistrado y sus abogados, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, interpusieron para frenar la actuación de la Comisión de Juicio Político. Sostuvieron que ese órgano no era imparcial para analizar los planteos contra el ex juez penal porque tres de sus miembros ya habían prejuzgado. De hecho, recusaron a Zacarías KhoderAdriana Nájar y Mariela Reyes Elías porque integran otras comisiones que firmaron una solicitada en La Gaceta cuestionando que Pedicone, presuntamente, dictaminase el cese de prisión preventiva de más de un centenar de procesados por delitos graves. Pero el pedido de apartamiento fue rechazado.

Los camaristas Sergio Gandur y Eve López Piossek resolvieron que el fuero Contencioso no era competente para entender en el amparo, lo cual había sido dictaminado por la fiscala de Cámara Civil Inés Hael: la cuestión no era administrativa, sino política e institucional, de modo que correspondía a la Corte.

Colisiones en el caso del exintendente de Monteros y juez de Impugnación Enrique Pedicone

En simultáneo, la defensa de Pedicone acaba de presentar en el máximo estrado provincial, por otro lado, un planteo de inconstitucionalidad contra los artículos 126 y 127, inciso 2°. La primera de esas normas pauta que los miembros de la Justicia que no están sometidos al juicio político legislativo (vocales de la Corte y ministros públicos Fiscal y de la Defensa) “serán removidos por el Jurado de Enjuiciamiento”. La segunda establece cómo estará constituido ese jury y, en su inciso 2, consigna que uno de sus miembros será el fiscal de Estado, funcionario del Poder Ejecutivo provincial.

Justamente, que se incluya a un representante de la Casa de Gobierno entre los “jurados” que deben entender en los procesos de destitución de los jueces es considerado por Ahumada y Battig como una medida violatoria de numerosas normas, derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional.

Centralmente, los letrados plantean una directa colisión entre esa integración y el artículo 109 de la Ley Fundamental argentina: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Ahumada y Battig puntualizan que ahí allí una tajante reivindicación de la división de poderes, por cuanto no puede intervenir el jefe del Poder Ejecutivo en los asuntos de la Justicia.

Porque se vulnera esa separación institucional, argumentan los profesionales, la estructura del Jurado de Enjuiciamiento de Tucumán también viola el artículo 1 de la Carta Magna nacional, que establece la forma republicana para el Gobierno de la Nación; y también el artículo 5, que ordena a cada provincia dictar su propia Constitución “bajo el sistema republicano”.

Paralelamente, refieren que en el orden federal, la Constitución no incluye miembros de la Casa Rosada en el órgano de remoción de magistrados: dispone “Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, por un juzgado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”, fija el artículo 115.

Ahumada y Battig, además, reparan en que la totalidad del artículo 127 de la Constitución tucumana, si bien prevé que el jury será conformado por legisladores, en ningún caso garantiza la representación de la oposición. De hecho, es la ley reglamentaria (8.734) la que prevé esta garantía (artículo 3, inciso 4°) y no la Carta Magna provincial.

Por ello, aseveran, el Jurado de Enjuiciamiento tucumano también viola las garantías del debido proceso y los derechos de las personas a ser juzgadas por tribunales imparciales, contenidos en los artículos 18, 28, 31 y 33 de la Carta Magna acional, y en los diferentes tratados internacionales a los que ella otorga jerarquía constitucional.

Los defensores de Pedicone solicitaron a la vez, como medida cautelar, que la Corte “disponga la suspensión del proceso” iniciado en contra del magistrado hasta tanto los vocales resuelvan la acción de inconstitucionalidad que promueven.

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