Convocados por la Corte Suprema de Justicia, la provincia de Córdoba y el gobierno nacional se encontraron en el marco de una audiencia de conciliación para ver si llegan a un acuerdo sobre un tema excluyente: una deuda de un billón de pesos correspondiente a la Caja Jubilatoria. Después de una hora y cuarenta minutos, los representantes del Poder Ejecutivo y el gobernador Martín Llaryora se comprometieron a llevar una propuesta en quince días, cuando volverán a reunirse con el secretario de originarios del máximo tribunal.
Al menos 13 provincias tienen reclamos de esta naturaleza ante la Corte: vinculados a las Cajas previsionales, a fondos para el desarrollo y otros aportes nacionales. Tras la convocatoria del máximo tribunal a través de la Secretaría de Juicios Originarios, muchos gobernadores aguardan con expectativa el desenlace del reclamo. “Abre una vía de diálogo en el recorte que el Poder Ejecutivo decidió hacia los distritos”, indicó una fuente judicial a Clarín.
El encuentro dio inicio a las 11 de la mañana en la secretaría originaria que tiene a su cargo Alejandro Rodríguez. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, encabezó la comitiva provincial integrada además por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el máximo funcionario de la Caja, Adrián Daniele; además de letrados de la Provincia.
A la audiencia se presentaron en representación del Estado Nacional el Secretario Legal y Técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez, y los letrados apoderados, Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez. También el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, y la Subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, Valeria Patricia Sánchez.
Córdoba es la primera de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y que judicializó su reclamo. Por ese motivo, los demás gobernadores comenzaron a prestar particular atención a las audiencias que se desarrollarán para arribar a un acuerdo con una acreencia que se incrementa día a día.
“Todo aquello sobre lo que la Corte Suprema se pronuncia sienta jurisprudencia, por ese motivo es relevante lo que ocurra con este reclamo”, indicó una fuente judicial a Clarín.
La audiencia de conciliación se retomará en quince días. Sobre la mesa, la provincia que gobierna Llaryora pone un número concreto: una deuda cercana al billón de pesos que se incrementa a medida que siguen cancelados los envíos mensuales.
Según los números que reclama Córdoba -explicaron fuentes oficiales a Clarín- las transferencias reclamadas rondan los 17.000 millones de pesos mensuales, lo que en otras cosas, produjo “un retraso en la actualización de los haberes de los jubilados de la provincia, sumado a que el faltante de fondos se cubre con rentas generales”.
Por ese motivo, la provincia tiene dos reclamos específicos: la recuperación del flujo mensual que Anses hasta la firma del decreto presidencial que cortó esos envíos, y por otro lado el recupero de fondos a través del traspaso de bienes cuya titularidad están bajo dominio del Estado Nacional y que se encuentran en suelo cordobés, como ser Central Nuclear Embalse Río Tercero y 11.000 hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera.
“La provincia Córdoba es consciente de que la deuda acumulada, según cálculo propios, es de 1 billón de pesos, y reclamar esa totalidad sin ninguna opción alternativa es complicado para la economía nacional. Jamás buscaríamos hacerlo, desequilibrar tal situación, sin embargo, no podemos permitir el avasallamiento de acuerdos, pactos, leyes que se están incumpliendo. Hay otras opciones: bonos, plazos, otros recursos”, explicaron fuentes cercanas a Llaryora.
Al iniciar la audiencia del miércoles, fue el mandatario provincial el que expuso que el Estado nacional “está incumpliendo leyes, normas preexistentes”. En tono firme pero sin tensión, el gobernador también cuestionó el DNU que recortó los fondos destinados a cubrir el déficit previsional.
El Gobierno nacional se comprometió, al igual que la provincia, a llegar a un acuerdo generando propuestas de resolución que se conocerán dentro de quince días.
Si esto finalmente ocurriera al término de las audiencias, Córdoba pedirá que la Corte falle sobre el asunto discutido. Allí hay dos caminos: la resolución del reclamo de fondo, esa deuda de 1 billón de pesos a la que, por ahora, la Casa Rosada no le ha puesto número porque “tal cosa sería admitirla”, indicó una fuente oficial.
Cómo segunda alternativa la provincia podría interponer una medida cautelar para que, mientras la Corte Suprema analiza el fondo del asunto, exija al Estado Nacional que se reanude el flujo de fondos mensuales a la caja previsional cordobesa.
El antecedente: hace dos años que no se cumple el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Poder Ejecutivo, en aquel entonces bajo la administración de Alberto Fernández, del pago de un porcentaje mayor de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Durante la pandemia, en 2020, la entonces administración kirchnerista redujo a la mitad el dinero que mes a mes recibe la administración porteña.
El gobierno de Javier Milei tampoco cumplió la cautelar a la que hizo lugar el máximo tribunal tras años de judicialización del reclamo por parte de quien era jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Pese al mal antecedente, la administración cordobesa aguarda con expectativa la próxima audiencia que se celebrará el 14 de mayo a las 11 en la sede de la Corte.
Fuente: clarin.com