El juzgado federal Civil y Comercial Federal 2 rechazó un planteo de Cristina Kirchner para que se dé por caducada la demanda del Estado en su contra por daños y perjuicios, estimados en 22.300 millones de pesos por los contratos otorgados a su exsocio comercial Lázaro Báez y que quedaron inconclusos.
El planteo central de esta demanda que se inició bajo la administración de Mauricio Macri, tiene como finalidad que la ex vicepresidenta, Báez, los exfuncionarios José López y Nelson Periotti, entre otros condenados en la causa Vialidad, afronten con su patrimonio los más de 22.000 millones de pesos del reclamo.
Después de conocerse la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) contra la exvicepresidenta y los otros acusados, la Corte Suprema reactivó la demanda civil que en había iniciado en 2019.
Lo que sostuvo el Máximo Tribunal en diciembre de 2022, es que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili, es el que debe intervenir en la acción civil que inició Vialidad Nacional contra Cristina, por los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional a raíz de los contratos viales adjudicados, en suelo santacruceño, a su exsocio Báez.
La caratula de la causa es “Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños”. Se trata de una demanda civil que incluye de forma solidaria en la responsabilidad a todas las personas que, en el caso Vialidad, el TOF 2 encontró responsables del delito de administración fraudulenta con diversos grafos de participación.
La demanda multimillonaria se concentra en los daños y perjuicios que ocasionó que Báez abandonara 24 rutas por las que percibió fondos públicos. Ese reclamo por una indemnización de 22.300 millones de pesos transita en el fuero Civil.
La Corte ya se había pronunciado respecto a este caso, al rechazar uno de los tantos reclamos con los que Cristina Kirchner buscó voltear el juicio Vialidad, que concluyó con una sentencia condenatoria en su contra y que confirmó la Cámara de Casación, e incluyen 6 años de prisión y la prohibición de ocupar cargos públicos.
El reclamo de Cristina: que vaya a Comodoro Py
La expresidenta insistía en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó- debía tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Civil.
Ahora, la causa está en manos del juez Civil y Comercial Federal, Marcelo Bruno Dos Santos, quien rechazó otro planteo de la actual titular del PJ. La ex mandataria sostuvo en un escrito firmado por su abogado Luis Joel Goldin que debería declararse la caducidad de la demanda civil.
A la hora de argumentar este criterio, la defensa expuso que el planteo se encuentra sin avance alguno desde el 19/10/23. En consecuencia, dijo que el último movimiento en este expediente fue el 18/10/23.
Previsible: durante la gestión de Alberto Fernández no instruyó a los abogados del Estado para que avancen en el reclamo contra quien ejercía la vicepresidencia en ese momento. El Procurador del Tesoro, jefe de los abogados estatales, era Carlos Zannini, uno de los dirigentes más cercanos a los Kirchner.
Entre otros aspectos, el abogado de Cristina indicó que quienes la demandaron “no efectuaron presentación alguna, es decir que han pasado más de cinco años desde la última presentación”.
Después consideró que desde que se notificó quien que iba a conducir el proceso en diciembre de 2022, “la única presentación que existió fue por parte de una de las defensas con relación a un hecho nuevo del proceso penal que no resulta, bajo ningún aspecto, impulsora del litigio”.
Por esos argumentos expuestos, la defensa entiende que debe declararse la caducidad del proceso.
Pero el juez Dos Santos sostuvo que los cálculos realizados por las defensas para plantear la inacción del expediente, son incorrectos.
“Creo necesario recordar que la inactividad, como presupuesto de la caducidad de la instancia, significa la paralización total de la instancia respectiva”, explicó el magistrado en primer término.
Alimentando ese criterio, el juez insistió en que esta circunstancia (la caducidad por inacción) se exterioriza “en la no ejecución de acto alguno, sea por las partes o por el órgano judicial y sus auxiliares, pero también se configura en la hipótesis de que se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento”. Pero nada de eso ocurre en este expediente.
Después de responder a todos los argumentos de Cristina, el magistrado rechazó la caducidad de la multimillonaria demanda civil. Esa decisión fue apelada por la defensa, pero recibió la misma respuesta por parte del juzgado: el rechazo.
El rol de Javier Milei
Como la demanda fue iniciada por un organismo estatal que es Vialidad Nacional, el mismo Estado puede ordenar que se abandone ese reclamo, ayudando así a la exmandataria.
La llave del avance de esta exigencia resarcitoria la tiene ahora el gobierno de Javier Milei.
La Procuración del Tesoro, que ejerce la defensa de los intereses del Estado y de quien dependen todos los abogados de la administración central, puede hacer caer la demanda. Mediante una resolución de la actual gestión de Vialidad, podría solicitar que se desestime el reclamo contra la expresidenta.
También puede resolver que el “actor”, es decir quien denunció, sin desistir de la acción, no impulse nada. La tercera opción para que este reclamo caiga es dictarle caducidad de instancia, o directamente que el Procurador del Tesoro se presente y lo requiera directamente.
Este último punto es el que reclamó la defensa de Cristina sin éxito.
La protección del gobierno anterior
El anterior jefe de los abogados del Estado, Carlos Zannini, cambió a los abogados que intervenían en representación de Vialidad Nacional en la demanda.
La administración de Alberto Fernández durante los cuatro años, decidió no mover nada en este expediente aun cuando ya se había dictado una condena confirmando los hechos que articulan y sustentan la demanda civil.
La actual Procuración de La Libertad Avanza debe adoptar un criterio respecto a este caso: puede designar nuevos abogados y ordenar que impulsen dentro del expediente, acciones concretas.
Asimismo, Milei puede dar la orden de que no se accione contra Cristina Kirchner y al igual que la gestión que lo antecedió no reclamar la indemnización de 22.300 millones de pesos. Sería una señal política fuerte.
Una demanda con más fundamentos
Este reclamo inició en agosto de 2019 cuando en el fuero contencioso administrativo, la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) radicó una demanda por daños y perjuicios de $ 22.300 millones, contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y otros imputados en los hechos de corrupción en la obra pública vial, con la que se benefició al Grupo Austral y que fueron condenados después de tres años de juicio oral.
La cifra exigida por la gestión Macri en concepto de indemnización al Estado, responde al 50% de los contratos adjudicados que no se terminaron, pero se pagaron con sobreprecios, por eso se sostuvo que los acusados de forma solidaria, deben resarcir dicho daño económico.
Cuando inició el juicio en la justicia penal la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.
Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos, pero también dependerá de la determinación política del gobierno de Javier Milei.
Fuente: clarin.com