La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, por unanimidad revocó la decisión de la magistrada María Servini que había rechazado a tres presuntos damnificados de la criptomoneda $LIBRA representados por Juan Grabois.
En el marco de la causa que el fiscal federal Eduardo Taiano inició alrededor de la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA, Servini había resuelto no aceptar como parte querellante a Juan Marchetto, Matías Paris y Alan Vega, representados por Nicolás Rechanik, Juan Grabois y Carolina Palacin Roitbarg.
La resolución de la jueza se apoyó en dos líneas argumentales. La primera supeditó la viabilidad de la solicitud a que su hipótesis sobre la presunta estafa sea acreditada o descartada.
La segunda línea argumental de la magistrada se basó en que no estaba corroborada la situación que invocaban los posibles damnificados.
En función de ese criterio, los abogados acudieron a la Cámara de Apelaciones para discutir esa resolución.
En el fallo al que accedió Clarín, los camaristas plantearon que en la causa, “se impulsó investigar distintas hipótesis jurídicas sobre los hechos. Hechos que se habrían producido en diferentes ámbitos (públicos o privados), con eje medular en el desempeño de altas autoridades del poder central, con sede en esta Capital Federal”.
Entendieron que ese grado de sospecha y el posible daño ocasionado, habilita a tener a este grupo de personas, como querellantes.
Se recordó que en este expediente se busca determinar las circunstancias “de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación, lanzamiento y promoción del token denominado $LIBRA”.
La Sala II de la Cámara señaló que se trata de un panorama “muy amplio desde los puntos de vista fácticos y jurídicos. De ahí que existan diferentes alternativas e hipótesis de lo sucedido”.
Una de esas versiones –plantea el fallo-, sea corroborada o no, es la de una posible estafa o, independientemente del encuadre que se elija, de una “operación que -según se alega- habría provocado un perjuicio de tenor económico a los adquirentes del criptoactivo”.
Las personas representadas por Grabois sostuvieron ser damnificados de la maniobra bajo investigación.
“Desde un principio y después aportaron elementos específicos (links informáticos, capturas de pantalla e incluso a través de una filmación que se exhibió en la audiencia oral ante esta Sala, mostrando el procedimiento de adquisición del criptoactivo y cómo queda constancia de aquél) que demostrarían su carácter de compradores”, indicó la Cámara.
Las defensas “no discutieron ese punto concreto ni se han expuesto razones para sostener mala fe o falta de veracidad de lo documentado”, remarcaron.
Con ese panorama, entendió la Cámara “la pretensión debe ser receptada favorablemente” frente a un “amplia interpretación que siempre se ha tenido a la hora de adjudicar legitimación activa, incluso si no se tomara a los solicitantes como titulares del bien jurídico de alguna de las calificaciones en danza”.
Sin embargo, la Cámara aclaró que lo resuelto no implica “desconocer el carácter particular y tecnológico de una temática eminentemente novedosa, cuyo entendimiento exige procurar la obtención de opiniones o informes con experticia técnica suficiente con relación a todo lo vinculado a la adquisición del ‘token’ y posterior acreditación de la operación, así como sobre la trazabilidad del dinero”.
Será el curso de esa medida de prueba en el marco de la investigación la que exponga algún resultado en ese sentido, o no y en tal caso, la decisión podrá ser revisada.
La investigación judicial por el llamado criptogate tiene otro capítulo pendiente, con el pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, de hacerse de las actuaciones y tomarlas bajo su control, bajo el argumento de que los tuits del presidente Javier Milei que dispararon la cotización de $Libra -minutos después de lo cual hubo una venta masiva del criptoactivo con la consecuente pérdida millonaria para muchos inversionistas- fueron emitidos desde la Quinta presidencial de Olivos, que está bajo su jurisdicción.
Ese reclamo choca con la posición de Taiano y Servini, para quienes el caso debe permanecer en Comodoro Py.
Fuente: clarin.com