Después del planteo del fiscal general, Mario Villar, a través del cual avaló que Cristina Kirchner continúe bajo arresto domiciliario, pero que se modifique el lugar donde se cumple el mismo, por cuestiones de seguridad y bajo la premisa de que la cotidianidad del barrio se ha visto alterada, la defensa presentó un escrito señalando que el planteo “carece de fundamento” e insiste en que la ex presidenta continúe en San José 1111.
Ante la Cámara de Casación el fiscal Villar dejó de lado el planteo de su par de la instancia anterior -Diego Luciani- que había pedido el traslado de Cristina Kirchner a una cárcel común para cumplir allí, la sentencia condenatoria del caso Vialidad, donde se la acusó del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años.
Si bien no compartió el criterio de trasladar a una dependencia carcelaria a la ex mandataria, sí sostuvo Villar ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que no era San José 1111 un lugar adecuado para cumplir un arresto domiciliario.
Entre sus argumentos, el fiscal general sostuvo lo siguiente: “permanencia de la condenada en el domicilio indicado ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos y supone, a su vez, una exposición a riesgos para su persona, por lo que es lógico disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios”.
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Cristina Kirchner recibió a Lula da Silva en su casa de Constitución
Pero además, el representante del Ministerio Público Fiscal, rechazó que la seguridad de Cristina Kirchner esté a salvo en el departamento de Constitución: “el riesgo para su persona es claramente actual y presente en su residencia actual, en especial en sus salidas al balcón”.
La respuesta de la defensa a cargo de Carlos Beraldi ingresó ante la Cámara de Casación este martes: “A la luz de los argumentos expuestos por el Dr. Villar, también resulta incontrovertible que el recurso que mantiene con relación al pretendido cambio de domicilio de nuestra representada deviene por un lado procesalmente inadmisible y, por el otro, ausente de toda mínima fundamentación“.
Bajo este criterio, el abogado de la ex presidenta insiste en que permanezca detenida -en cumplimiento de la condena por corrupción del caso Vialidad-, en San José 1111.
En primer lugar, el abogado de la ex mandataria indicó en su escrito que el fiscal Villar consideró que en las actuales condiciones esta decisión “es ajustada a derecho, pues Cristina Fernández de Kirchner dio cumplimiento a todas las reglas de conducta impuestas”, motivo por el cual entendió que no era conveniente retrotraer la decisión de haberle concedido la morigeración de la pena.
Sin embargo, entiende Beraldi “no puede al propio tiempo sostener que el domicilio en el cual viene cumpliendo pena resulta inapropiado para satisfacer los objetivos de la ejecución penal (en virtud de supuestas alteraciones a la convivencia pacífica del vecindario)”.
Entre sus argumentos, el fiscal general había el domicilio actual no aporta mayores garantías “sobre todo si la condenada realiza numerosas salidas a su balcón que aún con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo”, pero que sustituir el lugar por un establecimiento carcelario, “supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”.
Añadió en ese mismo sentido, que la permanencia de la ex Presidenta en San José 1111, “ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos y supone, a su vez, una exposición a riesgos para su persona es lógico disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios”.
Es a ese punto central al que se opone el abogado de Cristina Kirchner, al indicar que si el fiscal general dijo que se cumplen con las reglas de comportamiento impuestas por el Tribunal, la alteración del barrio “incurre en una contradicción”.
La distinción que se hace en sede judicial sobre ese criterio es que la calle es jurisprudencia de las Fuerzas de Seguridad y no del Tribunal. Además, el fiscal general dio cuenta de numerosos informes del Gobierno de la Ciudad que exponen dificultades vividas en el barrio desde que el 17 de junio se ordenó la detención de Cristina Kirchner en San José 1111.
“No corresponde que los vecinos de la condenada y todas las personas que transitan el lugar deban acostumbrarse a vivir entre disturbios y situaciones anómalas”, indicó el fiscal Villar en relación a las manifestaciones de militantes que se han convocado en más de una ocasión fuera del departamento en cuestión.
A los aspectos señalados por la defensa, se añadió otro, no sólo de que no existe ningún agravio en que la ex Jefa de Estado cumpla el arresto en el barrio de Monserrat, sino que “tampoco se advierte ni se ha acreditado por qué el cumplimiento de pena en el domicilio sito en San José 1111 piso 2º “D” de esta ciudad es el resultado de una errónea interpretación de la ley sustantiva o una violación de las formas esenciales del proceso”.
No alcanza para el abogado de Cristina Kirchner, que el fiscal haya sostenido que prevalecen “problemas en las adyacencias del domicilio de referencia”, entiende la defensa que “no guardan relación alguna con los fines de la ejecución penal y se vinculan con situaciones ajenas a Cristina Fernández de Kirchner”.
Si existiera una problemática de seguridad en el barrio de Constitución, “ésta debería ser resuelta por los organismos ejecutivos competentes, mas nunca podría derivar en que nuestra representada sufra consecuencias adversas”, dijo Beraldi.
Uno de los puntos centrales del planteo de Villar se centraba en la seguridad de la ex Presidenta: “El riesgo para su persona, el cual la defensa esgrimió para que no fuera alojada en una prisión federal, es claramente actual y presente en su residencia actual, en especial en sus salidas al balcón, debe recordarse que el atentado que sufrió fue en una situación de tumulto de sus seguidores”.
Por esos motivos, sostuvo que la prisión domiciliaria debía cumplirse en otra propiedad.
Será la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los que resuelvan si se deberá ordenar un cambio de domicilio o no.
Fuente: clarin.com