El “paraguas” político-institucional que las asociaciones de jueces y fiscales y los sindicatos habían creado en estos últimos años para impedir la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene un “agujero” y no provino del Gobierno, ni del Congreso sino de la Corte.
El fallo reflotó la discusión de fondo sobre cómo armonizar la plena autonomía de la CABA que dispuso la reforma constitucional de 1994 y los derechos de medio millar de jueces y fiscales que fueron designados por el Senado de la Nación y se resisten a cualquier tipo de transferencia a la justicia porteña, como explicó el constitucionalista Daniel Sabsay en una nota en Clarín.
Pero la Corte, al menos con la composición que tenía en diciembre es decir Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, ya emitió varios fallos a favor de la plena autonomía de la CABA. Por ejemplo, la resolución sobre la quita de la coparticipación federal.
Y ahora el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, pidió suspender el fallo Levinas hasta que exista “un marco normativo” que le dé cobertura legal al trabajo de los fiscales nacionales. Es decir, una ley o un convenio de transferencia de la justicia nacional a la CABA. Así puso el dedo en la llaga.
Desde 1994, el Congreso no consensuó ninguna ley y los magistrados bloquearon todos los intentos de firma de un convenio de transferencia entre el gobierno nacional y la CABA, como había pasado con el traspaso de la las comisarías de la Policía Federal.
Basta recordar que el ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, envió proyectos de ley al Congreso que nunca avanzaron y fracasó con el intento de firma de ese convenio por la resistencia de los magistrados y del secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato.
Sin embargo, el “agujero” que abrió la Corte en la resistencia es grande. Por más que los magistrados emitan fuertes declaraciones hasta ahora ninguno se animó a firmar una resolución contra el fallo de la Corte, que es la cabeza del sistema judicial.
El “agujero” le da aire al proyecto de Tapia de poner en funcionamiento diez juzgados laborales en la CABA. La ley ya la aprobó la Legislatura y ahora el Consejo de la Magistratura porteño deberá llamar a concursos. Gabino apuesta a que secretarios de juzgados laborales nacionales se presenten en los concursos y así empezar una transición que incluiría no reemplazar a los jueces nacionales que se jubilen.
No por nada, los jueces intentaron sin éxito poner una cautelar en feria contra la creación de esos juzgados porteños.
El ministro de Justicia de Jorge Macri habla de una “transferencia consensuada” y también planea poner en marcha un fuero civil y comercial porteño. Así solo quedarían el fuero penal ordinario en manos de jueces nacionales.
La idea de Tapia funcionaría si el gobierno nacional hace, en paralelo, la transferencia de recursos para financiarlos. Y todos los jugadores de este ajedrez saben que el fallo Levinas es muy difícil de revertir y que la batalla por los alcances de la autonomía de la CABA aún no tiene un resultado cierto. Mientras, poco se discute sobre cómo mejorar el servicio de justicia para el porteño de pie.
Fuente: clarin.com