El día después de la sanción que Estados Unidos le impuso a Cristina Kirchner y le impide a la ex presidenta y a sus hijos entrar a ese país, el Gobierno de Javier Milei sugirió que esa decisión podría derivar en una investigación judicial que haga caer la condena que obliga a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2008.
Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien al referirse a la sanción contra Cristina por corrupción que oficializó el Gobierno de Donald Trump fue todavía más allá y destacó que “ojalá sirva” para que haya instrucciones a la Secretaría de Justicia de Estados Unidos. En concreto pidió que la Justicia de Estados Unidos “haga una investigación sobre YPF, que fue uno de los hechos de corrupción más grandes de la Argentina”.
El jefe de los ministros destacó que ese fallo “hoy le cuesta al país una condena de 16 mil millones de dólares. Argentina está condenada por la justicia civil a pagar eso”.
Al justificar esa posición, Francos señaló en una entrevista con radio Mitre que el proceso de estatización de la empresa “está embebido en un hecho de corrupción gravísimo que tiene ese costo para Argentina”, y repitió que “es un tema que tiene aristas escandalosas”.
“Un fondo buitre de esos que compra derechos a accionar judicialmente, compró los derechos de (el grupo) Petersen a litigar por la expropiación de acciones que hizo. El fondo Burford inició una acción en Estados Unidos que terminó en la condena a la Argentina por 16 mil millones de dólares”, precisó Francos.
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Guillermo Francos sugirió que la sanción de Estados Unidos a Cristina Kirchner podría anular la condena de 16 mil millones por YPF
Así, el jefe de Gabinete habló sobre el desenlace del caso. Pero rápidamente apuntó a las raíces, que se remontan a 2007.
Para el funcionario, hubo un hecho clave que puede ser considerado para el inicio de la investigación. “El inicio es que Néstor Kirchner le exigió a la empresa Repsol, titular de las acciones, que le ceda a una empresa argentina el 25% de las acciones, que fue la empresa Petersen (en 2007), y pagar el costo de ese 25% con el producido de los beneficios. ¿Qué iba a pasar? Le iba a permitir al Estado o a YPF cobrar los dividendos que tenía retenidos”, enfatizó Francos.
“Esto se termina de consolidar en un juzgado civil de Nueva York, configurando una estafa dentro de la justicia americana. Cuando se sentencia en favor de este fondo buitre, convalida sin quererlo una estafa que tuvo su origen cuando se le exigió a Repsol que ceda una parte de las acciones de YPF”, destacó el funcionario nacional.
Cirstina Kirchner y Axel Kicillof, protagonistas de la estatización de YPF. Foto AP archivoY fue en ese sentido que el jefe de Gabinete insistió: “Si el Departamento de Justicia inicia una investigación sobre cómo se usa la justicia de Estados Unidos para blanquear un delito, yo creo que debería caerse esta sentencia contra la Argentina”.
Hace un par de semanas, la justicia estadounidense rechazó el pedido de una ONG local para revocar el fallo por la nacionalización de YPF. De esta forma, quedó firme la sentencia que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park por el modo en que fue estatizada la petrolera, en 2008.
Fue el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien indicó en un comunicado que la medida emprendida por la administración Trump hace que tanto Cristina Kirchner como Julio de Vido, como sus familiares inmediatos, sean inelegibles para entrar en Estados Unidos.
Marco Rubio junto a Donald Trump.“Cristina Kirchner y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”, indica el comunicado.
Ese mismo comunicado señala que “Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio. Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno”.
El secretario Rubio ya había apuntado varias veces a Cristina Kirchner desde su puesto del Senado, junto con otros congresistas republicanos, entre ellos el senador Ted Cruz y la representante María Elvira Salazar, que habían pedido varias veces sanciones contra la ex presidenta.
Hace dos años varios senadores habían enviado una carta al presidente Joe Biden en la que le pedían formalmente “que tome medidas inmediatas para responsabilizar” a Cristina y a sus familiares “por actos de corrupción significativa”.
Fuente: clarin.com