Mientras el reclamo por la inseguridad crece en los principales centros urbanos del país, el Gobierno acelera con la segunda fase del plan con el que pretende involucrar a los intendentes para desarticular bandas de crimen organizado y reducir la tasa de asesinatos.
Patricia Bullrich coordina el despliegue de personal de inteligencia de las cuatros fuerzas federales en 16 municipios/conglomerados donde vive el 15 por ciento de la población total del país, pero donde se producen uno de cada tres homicidios intencionales.
Brigadas de investigación e Inteligencia de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura y del Servicio Penitenciario se desplegarán y trabajarán de manera coordinada en la capital santafesina, Villa Gobernador Gálvez y Rosario; en Santa Fe; en Córdoba y Gran Córdoba; en San Miguel de Tucumán; en Mendoza capital y en las localidades aledañas de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras; y en Moreno, Esteban Echeverría, San Martín, Tres de Febrero y General Pueyrredón, en el conurbano bonaerense.
Habrá agentes disponibles para patrullar los distritos, como reclaman los intendentes -sobre todo los del conurbano bonaerense- pero las fuerzas estarán dedicadas esenciales a áreas de investigación y de inteligencia. “No tiene sentido que las fuerzas especializadas patrullen. Tenemos estudiadas e identificadas a 200 bandas solo en Buenos Aires”, consignan cerca de la ministra de Seguridad.
En cada uno de los conglomerados señalados la problemática de los asesinatos está vinculada a una tipología de delito distinta. En las localidades santafesinas donde la tasa de homicidios cuadruplica a la nacional (3.8 cada 100 mil habitantes en 2024), operan las bandas narco que sacan la droga por la Hidrovía; en Córdoba y Tucumán trabajan los distribuidores de las organizaciones que operan en Orán (Salta) a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia. En Mendoza, hay bandas dedicadas al contrabando ilegal desde Chile y en el AMBA hay, además de cada vez más presencia narco, aceitadas bandas de ladrones y reducidores de automóviles.
En lo sucesivo se sumarán otros distritos. El ministerio de Seguridad identificó los 193 municipios, que equivalen al 10 por ciento del país, donde vive el 70 por ciento de la población del país y donde ocurren el 90 por ciento de los homicidios dolosos. La Ciudad también será parte del programa.
La política también pesa. Desde el Gobierno señalan que fueron los secretarios de Seguridad de cada distrito los que recomendaron por qué municipios comenzar. Funcionarios que participan de la implementación del programa sostienen que la gobernación bonaerense decidió no incluir en la primera fase a La Matanza, el municipio más poblado de la Provincia, gobernado por Fernando Espinoza. Lo mismo ocurre con Lomas de Zamora, a cargo de Federico Otermin, delfín de Martín Insaurralde.
Más allá de la polarización política y del plano electoral, Bullrich y sus delegados tienen “muy buena sintonía” con el ministro bonaerense Javier Alonso.
“Trabajamos sobre un mapa del delito de las bandas criminales. Si los intendentes quieren ayudarnos, nosotros trabajamos con la Inteligencia de las fuerzas y del Servicio penitenciario. Nosotros trabajamos sobre un trabajo de extirpación de las bandas. Por eso necesitamos la ley antimafia”, destacan en el equipo de Bullrich.
El proyecto de ley mencionado es parte del temario que el Ejecutivo envió al Congreso para tratar en las sesiones extraordinarias que comenzaron formalmente el lunes pasado, aunque todavía no hubo actividad parlamentaria.
La iniciativa que Bullrich presentó en marzo del año pasado y nunca se debatió en el Congreso otorga beneficios procesales a los eslabones más chicos de la cadena vinculada al crimen organizado que colaboren.
Los intendentes del conurbano creen que el despliegue es insuficiente y exigen más presencia de gendarmes en sus distritos, parte del paisaje desde el Operativo Centinela que comenzó en el primer gobierno de Cristina Kirchner. Denuncian que en la zona sur del GBA prácticamente no hay patrullas federales. “Podés encontrar una, pero en los municipios grandes necesitamos por lo menos 50 las 24 horas del día”, señala un experimentado intendente peronista.
En el Oeste, en Moreno, el municipio más violento del conurbano -que en 2023 tuvo una tasa de 8.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, el doble que la Nación- hay 15 móviles de fuerzas federales con 60 efectivos. En su mayoría son de Gendarmería, pero también hay presencia de PFA.
En Esteban Echeverría, donde el promedio de asesinatos fue en 2023 de 7.8 cada 100 mil habitantes hace dos años, hay 12 móviles y 48 efectivos. En San Martín (6.55) hay 55 efectivos con 15 móviles identificables.
Algunos intendentes se sienten discriminados y señalan que Bullrich privilegia a los propios, como Tres de Febrero (5.52). El municipio de Diego Valenzuela recibió en marzo de 2024 una dotación de 200 gendarmes, apostados en Ciudadela, para cubrir el perímetro de Fuerte Apache. Desde hace poco, recibe a otras fuerzas que realizan un operativo cerrojo y de saturación en los lugares más picantes del municipio.
En la Nación justifican la decisión, porque consideran parte del mismo conglomerado urbano. “Muchas de las bandas que atacan en San Martín en realidad son de Tres de Febrero“, argumentan.
Desde el ministerio de Seguridad sostienen que el reclamo es inviable. “Es imposible, porque convierten a las fuerzas federales en policías locales, le sacás su objetivo y dejás que la policía del lugar se corte”, razonan cerca de la ministra de Seguridad. Desde la Cartera nacional señalan que -en ese sentido- el Gobierno solo escucha los pedidos de los gobernadores y enfatizan que la nueva apuesta del 90/10 estará en la inteligencia y en las investigaciones.
Bullrich prefiere fortalecer con efectivos el Plan Güemes para blindar la frontera norte y se prepara para lanzar el Plan Bernardo de Irigoyen para robustecer la seguridad en la frontera con Brasil y Paraguay.
En 2016, cuando era ministra de Seguridad de Mauricio Macri, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro, Cristian Ritondo, hicieron pesar su reclamo y Bullrich debió reasignar -contra su voluntad- 6200 gendarmes que había quitado del territorio para reenviarlos al GBA.
Con la mira puesta en las intermedias, el diputado José Luis Espert -una de las principales cartas electorales del oficialismo en la Provincia- apunta cada vez que puede contra Axel Kicillof, al que responsabiliza por inacción en materia de seguridad. De los dos lados de la nueva grieta dan por hecho que la inseguridad será uno de los temas dominantes de la campaña.
Fuente: clarin.com