En el informe presentado ante el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que los 222 pliegos que retiene el Ministerio de Justicia hace un año y medio aún no se enviarán al Congreso. Además, el Gobierno contabilizó 330 puestos vacantes: es el 32,93%. La cifra hace dos años era del 30,5%. Eso es sin contabilizar el 40% de puestos sin cubrir en el Ministerio Público Fiscal.
La crisis al interior del Poder Judicial como de la Procuración respecto a la cantidad de cargos sin cubrir no tiene precedente. Los sillones de jueces y fiscales se convirtieron -una vez más-, una carta de negociación entre el Gobierno y el Congreso. Los pliegos remitidos por el Consejo de la Magistratura, órgano responsable de tomar los exámenes, evaluarlos y conformar las ternas que se envían al Poder Ejecutivo, requieren la aprobación del Senado para la posterior designación.
Las estadísticas oficiales exponen que la crisis sólo continúa agravándose. Del 30,5% de sillones de jueces y juezas sin cubrir en la justicia nacional, federal de la Capital Federal y del interior, hoy se contabiliza un 32,93%.
“No pasa nadie con este Congreso”, fue el mensaje que llegó al Ministerio de Justicia, donde desde hace más de un año y medio retienen 222 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. El planteó frenó, una vez más y pese a reiteradas promesas públicas, el envío de los pliegos para reducir la crisis de vacantes la Justicia.
Es la instancia, admiten fuentes oficiales, “más compleja”. En la Casa Rosada saben que la conformación actual del Congreso es un escenario difícil de sortear para obtener la aprobación de las ternas que envíe el Poder Ejecutivo. “No se descarta esperar a la nueva conformación de la Cámara Alta para volver a hablar y enviar los pliegos”, explicó una fuente del ministerio de Justicia a Clarín.
Un total de 222 pliegos se encuentran en manos del Gobierno, que ya fueron enviados por el Consejo de la Magistratura que preside el juez Horacio Rosatti -cabeza de la Corte Suprema de Justicia-. De ese universo 156 corresponden a sillones de jueces y juezas de diversos fueros, los restantes a fiscales y defensores.
En el informe que Francos presentó ante el Senado se indicó al respecto: “El Ministerio de Justicia informa que el proceso de selección de magistrados constituye un procedimiento complejo en el que intervienen distintos estamentos de los tres poderes del Estado: el Poder Judicial, a través del Consejo de la Magistratura; el Poder Ejecutivo, mediante la intervención del Ministerio de Justicia; y el Poder Legislativo, a través de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación”.
En relación con las designaciones, se detalló que el Ejecutivo se encuentra “evaluando las ternas de candidatos remitidas por el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, con el fin de avanzar en la cobertura de las vacantes correspondientes”.
Y señala que, si bien el ordenamiento jurídico vigente no establece un plazo específico para la culminación de este procedimiento, “se dará curso al trámite para cubrir las vacantes existentes en la Justicia Nacional y Federal a la mayor brevedad posible”.
Sin embargo, el Gobierno continúa sin especificar la fecha después de sendas promesas de envío al Congreso de los pliegos, los cargos continúan vacantes y en el Poder Judicial sostienen que la crisis
Cuando se le consultó la cantidad de cargos vacantes que tiene el Poder Judicial, el Gobierno entregó una planilla que consigna que en la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay 178 cargos sin cubrir de un total de 517. Respecto a la Justicia Federal de CABA de los 159 puestos con los que cuenta, 46 se encuentran sin jueces designados en carácter de titular y finalmente, en la Justicia Federal del Interior de los 326 sillones, 106 continúan vacantes.
Los números consignados arrojan un total de 330 cargos sin cubrir dentro del Poder Judicial. Poco más de la mitad de esos puestos podrían tener jueces, juezas en carácter de titular si el Gobierno remitiera las ternas al Congreso.
Cuando el presidente Javier Milei inauguró el año legislativo el pasado 1° de marzo, le dedicó unas líneas al problema: “No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una Justicia independiente, pero efectiva. Y la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.
El Jefe de Estado, añadió: “tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal”.
Pese al discurso oficial, durante todo el 2024 el Gobierno no designó ningún juez.
Durante el último plenario del Consejo de la Magistratura del 2024, se aprobaron 23 ternas para cubrir cargos vacantes en diversos fueros. Ninguna corresponde a los cargos sin cubrir en Comodoro Py, el fuero al que más atención le presta la política.
Sin embargo, en esa lista hay fueros sumamente relevantes como el Civil y Comercial, el Penal Económico, cargos electorales, entre otros -como así también, las Cámaras revisoras-, que aguardan la decisión del Poder Ejecutivo.
Cómo se designa a un juez
El proceso para designar un juez comienza en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elabora los exámenes, realizar los trámites administrativos para conformar los jurados evaluadores, lleva adelante las entrevistas con los candidatos y finalmente confecciona el orden de mérito que luego es remitido al Poder Ejecutivo en las ternas.
El Gobierno debe seleccionar un candidato de cada terna y enviar los pliegos al Senado para su evaluación en la Comisión de Acuerdos, y luego su aprobación en el recinto. Una vez votados, los nuevos jueces son designados formalmente por el presidente con un decreto que es publicado en el Boletín Oficial.
En el Poder Judicial sostienen que el proceso “se traba en la política”, ya que muchas de las ternas enviadas al Ejecutivo, o de los candidatos remitidos luego al Senado, quedan sin votar o directamente fueron retirados por el gobierno siguiente.
A las pocas ternas que el Poder Ejecutivo envió al Senado durante los últimos años, se sumó otra realidad: 175 jueces y juezas cesaron en sus cargos por diversos motivos. Esto incrementó la crisis de los sillones vacíos.
La cifra fue incrementándose: sólo en 2024 se mandaron al Gobierno 96 ternas. Se acumularon con otras que ya tenía el PEN en su poder y el número -a la fecha-, asciende a 222 pliegos que están en manos del Ministerio de Justicia.
Ese extenso listado que incluye 156 puestos de jueces suple los pliegos retirados de la Cámara Alta por parte del Ministerio de Justicia cuando asumió el gobierno libertario. También hay en esas planillas cargos del Ministerio Público Fiscal, que atraviesa su peor crisis: el 42% de sus puestos están vacantes.
En esas ternas también hay designaciones para cubrir puestos en el Ministerio Público de la Defensa.
Las planillas que había dejado el gobierno de Alberto Fernández fueron revisadas y modificadas por el Ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Fuentes oficiales indicaron a Clarín que las ternas “se encuentran bajo estudio nuevamente”, sin embargo el motivo principal de retener los pliegos es político y tiene que ver con la mayoría de bancas en el Senado que están en manos del kirchnerismo.
Fuente: clarin.com