La causa por presuntos hechos de corrupción contra Alberto Fernández, donde se analizan 25 contratos que diversos organismos del Estado firmaron con Nación Seguros SA y donde intervinieron brokers del rubro percibiendo comisiones por más de 3.000 millones de pesos, quedará en manos del juez Sebastián Casanello, después del sorteo realizado en Comodoro Py. Julián Ercolini terminó la subrogancia del juzgado 11 donde está radicada la causa.
El ex presidente inició la semana recusando, nuevamente, al juez federal Julián Ercolini, de la causa Seguros. Las 39 indagatorias ya fueron tomadas en el marco de este expediente y por delante queda la resolución procesal de todos los investigados: si determina el juzgado que hay elementos para sostener la imputación por administración fraudulenta o si considera que hay una falta de mérito.
El principal acusado en esta causa es Alberto Fernández: en primer término firmó el Decreto 823/2021 que ordenó al Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros SA y eso, a su vez, habilitó para intermediación de los brokers. El 86% de las comisiones pagadas quedaron en manos de cinco empresarios, el 42% de los contratos fueron adjudicados a Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente.
Frente a ese escenario, Fernández volvió a plantear que Ercolini es un juez parcial y que no debe continuar interviniendo en la causa. Lo acuso de “querer vengarse con el expediente” y de pretender su detención: “me quiere preso”, adujo.
Sin embargo, este jueves el camarista Roberto Boico resolvió que no hay sustento en los argumentos de Fernández y confirmó -nuevamente- al magistrado frente al a causa.
Pese a esa circunstancia, este viernes finalizó la subrogancia del juez Ercolini frente al juzgado federal 11 donde se encuentra radicada la causa Seguros.
El fallecido juez Claudio Bonadio era el titular de dicho juzgado, cargo que, desde su muerte en 2020, el Consejo de la Magistratura aún no cubrió. Por ese motivo, es que se aplica la Ley de Subrogancias: otro magistrado cubre el despacho, percibiendo un 30% más de salario y durante un plazo de un año prorrogable por uno más.
El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Eduardo Farah, firmó la resolución esta semana a través de la cual convocó al sorteo para cubrir el juzgado vacante, que se celebró este viernes.
Quedó, por sorteo, designado frente a la investigación el juzgado federal 7 cuyo titular es Sebastián Casanello. La causa mantendrá al fiscal Carlos Rívolo.
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.
A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.
El juez responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Al analizar estos elementos, el juzgado sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
La maniobra que involucra más de 3.400 millones de pesos abonados por el gobierno de Alberto Fernández en concepto de comisiones a los brokers que intermediaron en los distintos contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA, contó con una pieza impensada: un grupo de cooperativas. Se estima que esa cifra equivaldría a más de 17 millones de dólares.
El amigo del ex presidente
Para el juzgado los intermediarios se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones abonadas por Nación Seguros “como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas, a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”.
Pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.
En ese sentido la acusación sostiene que hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.
Sobre el broker amigo del ex presidente, Ercolini escribió “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.
Fuente: clarin.com