La Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsó por segunda vez en la Cámara de Diputados se aprobó en general tras casi 20 horas de debate y una larga negociación entre el Gobierno y los bloques dialoguistas pero en las próximas horas se llevará a cabo la votación en particular donde se define la suerte de la reforma laboral, la delegación de facultades al Ejecutivo y la restitución del Impuesto a las Ganancias, entre otros puntos clave.
El proyecto insignia de Milei tuvo media sanción con 144 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones por parte del sector díscolo del bloque UCR. Pero antes de pasar al Senado la iniciativa debe vencer la prueba de fuego que representa la votación de los artículos, que fue la que hizo naufragar la primera versión en febrero y que en esta oportunidad también tiene algunos temas al filo del rechazo. Se preveía que esta parte de la sesión llevara unas seis horas más.
El oficialismo consensuó con el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal que la votación particular se haga por capítulos y no artículo por artículo, con el fin de mantener bajo control el tramo más complejo y decisivo del debate y evitar que caigan algunos de los puntos más importantes para el Gobierno.
Sin embargo dentro de cada capítulo hay artículos que siguen siendo objeto de diferencias entre los bloques dialoguistas, entre ellos, el artículo tercero que le otorga a Milei la facultad de modificar o eliminar numerosos órganos u organismos del Estado, que algunos diputados advierten que podría “caer”, o el capítulo sobre impuestos internos, en el que la oposición podría introducir modificaciones.
La Ley Bases se aprobó en general: ¿qué temas están en riesgo en la votación particular?
Para construir la mayoría que le permitió la aprobación en general el Gobierno hizo numerosas concesiones ante los planteos de la oposición dialoguista. Uno de los más notorios fue dejar afuera la privatización del Banco Nación. El proyecto pasó de los más de 600 artículos de su versión original a 232. Sin embargo, al momento de la votación todavía había temas en duda.
Ni en el oficialismo ni en la oposición veían chances de que se rechazara la delegación de facultades al Ejecutivo en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un un año a pesar de las disidencias que genera el tema, pero todos ponen la mira en la facultad específica que la Ley Bases le daría a Milei de disolver o modificar organismos del Estado.
La Ley Bases se aprobó en general y ahora se discuten los capítulos, con posibilidades de cambios
En la negociación con la oposición el Gobierno aceptó excluir de esa facultad (contemplada en al artículo 3 de la Ley Bases) a las universidades nacionales y los órganos del Poder Judicial y el Poder Legislativo, además de introducir la prohibición específica de disolver organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA, entre otros, pero no logró conformar a todos.
Los seis diputados de la Coalición Cívica, los dos socialistas y la cordobesa Natalia De la Sota, que integran el interbloque Hacemos Coalición Federal votarán en contra de ese artículo y entre los 34 de la UCR se estimaba que al menos 10 podrían hacer lo mismo, y con Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros sectores en franca oposición a toda el proyecto, este punto es uno de los que enfrentaba mayores riesgos.
El Régimen de Inversiones y otros puntos clave en la mira de la votación
La Ley Bases dedica un capítulo entero al Régimen para las Grandes Inversiones (RIGI) que plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión de más de u$s200 millones. Es uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases y varios diputados propondrán que se contemplen también inversiones menores para atender a las pymes y las economías regionales.
Sin embargo este tema recibió críticas de algunas cámaras empresariales, especialmente ligadas a la industria de provincias como Santa Fe y Córdoba. Esto genera dudas respecto de la posición que adoptarán los legisladores que responden a los gobernadores dentro de los bloques dialoguistas.
La misma situación se da en torno a la restitución del Impuesto a las Ganancias que figura en el proyecto de Medidas Fiscales y que establece un piso de $1,8 millones de sueldo bruto para empleados solteros y de $2,2 millones para casados. El tema tiene un rechazo casi unánime entre los diputados de las provincias patagónicas, que se sumarían al grupo más crítico del radicalismo.
La esperanza del oficialismo para sostener este punto estaba, según supo iProfesional, en los legisladores del peronismo que responden a los gobernadores del norte del país, donde la eliminación del impuesto para la cuarta categoría golpeó mucho más fuerte la recaudación provincial vía coparticipación.
La votación en particular vuelve a ser el tramo clave de la sesión y hay tensión sobre el destino de varios artículos
Otro tema que genera fuerte discusión en la votación particular es el impuesto al tabaco que figuraba en la versión original de la Ley Bases pero el Gobierno lo eliminó a pedido de un grupo de diputados del PRO y en medio de sospechas de un fuerte lobby por parte del Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí. La UCR y Hacemos Coalición Federal intentarán que se vuelva incorporar y el PRO que encabeza Cristian Ritondo lo rechazaría, según supo este medio.
¿Avanzará la reforma laboral y la derogación de la moratoria previsional?
Uno de los temas clave de esta nueva versión de la Ley Bases es el capítulo de “modernización laboral” que se incluyó a pedido de la UCR y que se suavizó ante los planteos de Hacemos Coalición Federal y la CGT, que apuntaron principalmente a dejar afuera la eliminación de los aportes sindicales obligatorios.
Si bien el radicalismo y la Coalición Cívica insistirían en este punto, tampoco estaría en riesgo a esta hora. La reforma contempla la derogación de multas por falta de registración laboral, la extensión del período de prueba a seis meses y el fondo de cese laboral como reemplazo del sistema de indemnizaciones, pero sujeto al acuerdo entre las partes en cada actividad.
Por otra parte, otro foco de tensión en la votación por capítulos de la Ley Bases será la derogación de la moratoria previsional y su reemplazo por la figura Prestación de Retiro Proporcional para las personas que cumplieron 65 años y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.
Quienes queden debajo de esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que es el 80% de la jubilación mínima. Este puede ser un tema conflictivo en la sesión dado que, según los especialistas en temas previsionales, 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM.
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Fuente: iprofesional.com