La novia de Lázaro Báez, Claudia Insaurralde, quedó bajo la lupa de la justicia. Hace tres años ya había sido denunciada por Norma Calismonte -ex esposa del empresario-, por el manejo de fondos por fuera de los canales judiciales que afectaban la discusión que mantiene en la justicia de familia de Río Gallegos: la división de bienes como resultado del divorcio. Ahora, el fiscal general, Diego Luciani, pidió una serie de medidas por un poder de administración que la actual pareja de Báez maneja mientras la justicia avanza en el decomiso del caso Vialidad.
La maniobra que encendió las alertas en los responsables del Ministerio Público Fiscal fue detectada por personal de Servicio Penitenciario Federal de la U15, la dependencia ubicada en la capital santacruceña donde se encuentra detenido el dueño del Grupo Austral.
Claudia Insaurralde, novia de Lázaro Báez, ingresó a la U15 con una carpeta con documentos. El personal penitenciario le explicó que ese tipo de documentación debía ser tramitado mediante los mecanismos judiciales correspondientes, “por lo que se le negó el ingreso de los mismos, quedando resguardados en los elementos de valor para ser retirados una vez que finalice la visita”.
Al día siguiente de esa situación, el 25 de junio el tribunal dispuso comunicar a la Cárcel de Río Gallegos que en adelante se le notificaran -sin excepciones, formalmente y con la debida anticipación- “los eventos de esta índole y que se continuaran aplicando los reglamentos y protocolos que rigen la actuación de esa institución, tal como se había hecho”.
Ante esa situación, la defensa del ex socio de Cristina Kirchner, “con los hechos consumados”, dijo el fiscal Luciani, presentó un escrito buscando aclarar estos sucesos. Las explicaciones “resultaron manifiestamente inverosímiles”.
Lázaro Báez y Claudia Insaurralde, una pareja que se formó con el empresario kirchnerista en prisión.Lo que se dijo en defensa de Claudia Insaurralde fue que durante la visita “llevaba tan solo dos escritos de designación de letrados defensores que requerían la firma personal de Báez para ser presentados en sede judicial”.
La defensa a cargo de Juan Villanueva, indicó que el personal penitenciario “interpretó como un documento que requería la firma de Báez era, en realidad, una copia de un poder general otorgado por este en 2020 a favor de Insaurralde, certificado por escribano público y autorizado por el Servicio Penitenciario Federal”.
Según señaló el abogado, la novia de Báez exhibió el poder de administración “con el único objetivo de acreditar su carácter de apoderada, a fin de habilitar el ingreso de los referidos escritos de designación de letrados, cuyo contenido debía firmar Báez”.
“Es fácil colegir que las explicaciones inverosímiles del abogado defensor de Báez nada aportaron para echar luz sobre la brumosa y grave situación que advirtieron los funcionarios penitenciarios respecto de Báez y su visitante. Todo lo contrario”, consideró la fiscalía.
Ante ese escenario, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó una serie de medidas.
“Líbrese oficio a la Cárcel de Río Gallegos para que, en términos ampliatorios de lo requerido a través del decreto de fecha 25 de junio pasado, en lo sucesivo, y ante situaciones análogas a la acaecida el día 24 de junio de 2025, se proceda al inmediato y completo registro fotográfico de todo documento que pretenda ser ingresado a la unidad, que deberá ser elevado al tribunal con la premura del caso”, dijo en la resolución el TOF 2.
En concreto, “se habrá de requerir se ahonde con el mayor detalle posible en relación a los bienes inmuebles que conforman el acervo patrimonial de las fallidas, se identifique de forma fehaciente aquellos que ya hubieren sido realizados y se informe el estado procesal actual de todo aquél otro que se encuentre cautelado a disposición de aquella judicatura”.
Se recordó además que los bienes que pertenecen a Austral Construcciones -nave insignia de Báez-, están bajo la tutela judicial de la magistrada María José Gigy Trynor que tiene a su cargo la quiebra de la constructora.
“En concreto, se habrá de requerir se ahonde con el mayor detalle posible en relación a los bienes inmuebles que conforman el acervo patrimonial de las fallidas, se identifique de forma fehaciente aquellos que ya hubieren sido realizados y se informe el estado procesal actual de todo aquél otro que se encuentre cautelado a disposición de aquella judicatura”, explicitó el TOF 2.
Para la fiscalía la situación expuesta respecto a Claudia Insaurralde, es una “grave alarma señalada, bien puede presumirse que Lázaro Báez, en el pasado, podría haber celebrado otros actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso dispuesta en esta causa”.
El manejo de propiedades de Lázaro Báez por parte de su novia, ya fue denunciado por Norma Calismonte -ex esposa del empresario-. Sí bien esa causa tramita en la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las acusaciones se centran en una administración que incluía cobro de alquileres, por fuera de los circuitos judiciales. Esto es: dinero que no va a las cuentas correspondientes como resultado de los embargos trabados por la justicia en diversos expedientes penales.
La presentación realizada por Calismonte en su momento, también aducía a que esa presunta maniobra delictiva, afectaba sus intereses: en la justicia de familia de Río Gallegos tramita el divorcio de Báez y la madre de sus cuatro hijos. En ese marco se discute una división de bienes por demás cuantiosa.
El expediente sobre la división de bienes del millonario patrimonio de Lázaro Báez, que la justicia federal sostuvo en una condena por lavado de dinero, que fue adquirido con fondos de origen ilícito, tramita en la justicia de Río Gallegos. Allí, ante el juez Andrade, el dueño del Grupo Austral y su ex esposa, presentaron un acuerdo respecto a cómo se debería distribuir la cuestionada fortuna.
El acuerdo busca poner punto final al divorcio firmado en noviembre de 201. El mismo incluye un extenso listado de propiedades: 85 en total que según la valuación realizada por la justicia en 2016 y la documentación a la que accedió Clarín, tiene un valor superior a los 1.600 millones de pesos. La discusión incluye la participación accionaria en 21 empresas.
La ex esposa del dueño de Austral Construcciones, reclama el 50% de ese detallado punteo de inmuebles radicados en Río Gallegos, El Calafate, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, mayoritariamente. Una cláusula firmada por ambos, acuerda cómo se van a administrar y distribuir ese imperio de inmuebles.
Pero el trámite quedó trabado en el fuero de familia de la capital santacruceña, por las denuncias contra Insaurralde y las medidas impuestas de decomisos de bienes.
Fuente: clarin.com