Después de que cinco de los condenados en la Ruta del Dinero K se entregaron en Comodoro Py, resta definir qué ocurrirá con Lázaro Báez, bajo arresto domiciliario desde 2020 después haber dejado el penal de Ezeiza, donde había ingresado en abril de 2016. La ex diputada nacional Mariana Zuvic pidió que se le quite el beneficio del arresto domiciliario.
El viernes pasado, el juez Néstor Costabel -presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que llevó adelante el juicio de la Ruta del Dinero K- fijó el cumplimiento de la pena para seis de los acusados.
Respecto a Lázaro Báez, el principal acusado en este expediente, se pidió que desde la Secretaría de Cómputos se informe el tiempo de detención cumplido por el ex socio comercial de Cristina Kirchner, para después resolver cómo se hará efectiva la condena que pesa sobre él.
Este criterio aplica también al contador Daniel Pérez Gadín, al abogado Jorge Chueco, y al mayor de los hijos varones del empresario, Martín Báez, quienes “han transitado la totalidad o parte del proceso en prisión preventiva”.
Desde el 2020, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo arresto domiciliario. Y hace dos años fue trasladado a la localidad de El Calafate, donde continúa con la morigeración de la prisión preventiva.
Para la justicia, el ex socio comercial de Cristina fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que entre 2010 y 2013 lavó 55 millones de dólares. Para esas operaciones utilizaron a Austral Construcciones, la firma insignia que en simultáneo recibía obra pública vial, y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.
En una de las 1.412 propiedades adquiridas, radicada en El Calafate y con vista al Lago Argentino, Báez cumple con el arresto domiciliario que es, además, monitoreado con una tobillera electrónica que según el diario Opi Santa Cruz le cambiaron la semana pasada.
La dirigente del ARI-CC y denunciante en la Ruta del Dinero K, Mariana Zuvic, pidió al TOF 4 que se revise el beneficio del arresto domiciliario de Lázaro.
En el escrito al que accedió Clarín, Zuvic manifestó su “profunda preocupación por la autorización de traslado conferida por el Tribunal Oral Federal N 4, en favor de Lázaro Báez para cumplir prisión domiciliaria en Santa Cruz, nada más ni nada menos, centro de poder del condenado“.
A lo largo de la presentación, la ex diputada nacional señalo que el traslado al sur le permitió a Báez “tomar en sus manos la recuperación de activos mal habidos y que todavía están dentro de su patrimonio”.
Es imprescindible, continuó relatando, “tener presente que Lázaro Báez es un delincuente condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. Que su deuda con la sociedad queda aún pendiente ya que suma otras condenas y pesan sobre él, juicios sin concluir aún”.
Entre los que sí concluyeron se pueden citar dos: La sentencia recaída en la denominada causa Vialidad, por la que Báez recibió una condena a 6 años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.
Según la reseña de fundamentos que difundió el Tribunal Oral Federal 2, “Báez recibió contratos de obras públicas viales de manera sistemática entre 2003 y 2015. La evidencia ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
Para los jueces del tribunal existieron “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”.
La tercera condena de Báez, a 3 años y 10 meses de prisión, proviene del Tribunal en lo Penal Económico 3, por haberse apropiado ilegalmente de aportes jubilatorios de su firma Austral Construcciones y de otras compañías del emporio que el santacruceño “montó al amparo del poder de los Kirchner. Esta causa fue iniciada en 2016 y abarcó a siete empresas del emporio patagónico, como Alternativa SA, Austral Agro, Austral Construcciones, Diagonal Sur Comunicaciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones y Sucesión Adelmo Biancalani”.
Como quedó demostrado en el expediente de la Ruta del dinero K, el circuito del dinero fue desde la casa de cambios “La Rosadita”, en Puerto Madero, pasó por bancos de Uruguay, Suiza y terminó en bonos soberanos argentinos depositados en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación.
Para la justicia se lavaron 55 millones de dólares estadounidenses solamente en esa causa.
“No hay solución para la impunidad si el brazo de la República que la debe enarbolar cede. La justicia terrenal es una potestad humana. Un miserable como Lázaro Báez no puede esgrimir un sentimiento familiar para lograr un beneficio que a todas luces insulta a la ciudadanía”, añadió Mariana Zuvic.
Sin embargo, el problema más grave percibido de esta decisión (el arresto domiciliario) radica en las consecuencias para el pueblo de Santa Cruz. “Una provincia aterrada por el autoritarismo kirchnerista que oscila entre la cooptación venal de muchos de sus ciudadanos que aún disfrutan de las mieles de la simbiosis entre corrupción e impunidad, el miedo de los que no tienen con qué luchar y la indiferencia de otros tantos miserables”.
Finalmente, en el escrito se expresó: “Si a los atemorizados no los defiende la justicia, entonces ¿qué queda para ellos? Lázaro Báez es ‘todopoderoso’ en Santa Cruz. No escatimará en sus esfuerzos por cobrar venganza y hacerse del dinero que robó. Así y todo, la justicia lo favorece para que se aboque a la tarea”.
Fuente: clarin.com