La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos resolvió, por unanimidad, esta semana confirmar los sobreseimientos de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal del gobierno de Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal sobre Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros, mientras estuvieron presos en la cárcel de Ezeiza.
Sucede que la grabación por una orden judicial de las conversaciones telefónicas de Báez y otros revelaron cómo se armó el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas en el juzgado de Dolores que en el 2019 dirigía Alejo Ramos Padilla y el kirchnerismo intenta desde hace años quitarle su valor como prueba legal.
Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por esos empresarios K y la Comisión Provincial de la Memoria que preside el ex premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel contra esos sobreseimientos.
Así confirmó los sobreseimientos de Emiliano Blanco (Director nacional del Servicio Penitenciario Federal del gobierno de Macri); Cristian Lionel Suriano (Jefe del Departamento de Inteligencia del SPF); y Juan Carlos Rubén Silveira (Segundo Jefe del Departamento de Inteligencia del SPF). También ratificó los sobresimiendos dee Miguel Ángel Perrota (Jefe de la División Asuntos Internos del SPF); Matías Gregorio Fernández (Jefe de la Dirección de Análisis de Información -DPAI-); Sebastián Alejandro Siri (Jefe de Delegaciones del servicio de inteligencia); Oscar Atilio Lema (Jefe del Área de Seguridad Externa de la DPAI); Aníbal Rolando Meza (agente del SPF); y Fernando Carra (abogado, asesor de Emiliano Blanco en el área de protección de los DDHH).
El año pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, por mayoría, había confirmado los sobreseimientos dictados por el Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi que hizo lugar al planteo de nulidad de la defensa, declaró la nulidad de dos declaraciones testimoniales y, en consecuencia, sobreseyó a los imputados.
El fiscal Franco Picardi y los empresarios K López, Báez, Carlos Fabián De Sousa y Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires impugnaron esa decisión ante la Cámara de Casación. Los tres primeros habían estado detenidos en la cárcel de Ezeiza.
A principios del año judicial, el Máximo Tribunal Penal del país celebró una audiencia en la que escuchó los argumentos de las partes y decidió, por unanimidad, rechazar todos los recursos y confirmar el sobreseimiento de los imputados.
Para así resolver, Mariano Hernán Borinsky, que encabezó el pronunciamiento, sostuvo “que en las instancias previas se valoraron en forma suficiente los extremos del cuadro fáctico-probatorio que resultan esenciales tanto para el análisis del caso como para alcanzar, razonablemente, la certeza negativa que requiere un temperamento de carácter desvinculante”.
Además, del fallo surge que el magistrado interviniente había concluido que los argumentos presentados por las partes relacionados con la conducta de los órganos judiciales que llevaron a cabo la investigación “están relacionados con cierto armado o manipulación de la presente investigación por parte del magistrado que intervino inicialmente, el Dr. Federico Villena” .
Los jueces de la Sala IV, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo, adhirieron al voto del juez mencionado. Hornos señaló que “la decisión adoptada por la mayoría de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, en lo que refiere a la confirmación de los puntos III y IV de la sentencia del juez instructor, y que importó en definitiva la nulidad de los testimonios de los hermanos Segura y el sobreseimiento de los miembros del Servicio Penitenciario Federal involucrados en el Legajo nro.9, se presenta –en relación con los elementos y constancias valorados- suficientes para sustentar el auto desvinculatorio”.
Hornos también destacó que “Las cuestiones que el a quo tuvo por acreditadas a fin de dictar la resolución aquí impugnada no se presentan controvertidas y han sido suficientemente analizadas a la luz de los elementos obrantes en la causa, habiendo la acusación y la defensa presentado, en su momento, todos los planteos que consideraban pertinentes en relación a tales tópicos, garantizando así al principio de contradicción”.
Se trató de otra causa armada por el kirchnerismo para intentar lograr la impunidad de Cristina Kirchner.
En diciembre de 2018, la ex presidenta avaló la puesta en marcha del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas que el ex secretario de Planificación Federal, Roberto Baratta, y otros presos K había organizado desde la cárcel de Ezeiza contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que dirigían la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Lo que no sabía la ex presidenta que los dos teléfonos públicos de los pabellones C y D de Ezeiza donde estaban Baratta y Lázaro Báez, entre otros, estaban intervenidos por la dirección de Inteligencia del SPF por una orden del mismo juez Federico Villena. Y que una parte de una conversación del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, preso en Ezeiza, con el diputado y operador K, Eduardo Valdés, llegó a manos de Elisa Carrió quien hizo la denuncia por el Operativo Puf.
El juez Villena había dado la orden de pinchar esos teléfonos de los pabellones IRIC porque se sospechaba que Roberto Segovia, “El Rey de la Efedrina”, estaban preparando “cartas bomba” como confirmó luego un allanamient a su casa.
Además, en el 2020, el kirchnerismo disolvió la dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con la excusa del “espionaje ilegal” y las “escuchas ilegales” a los “presos políticos K” en las cárceles federales, entre ellas el complejo de Ezeiza, con el apoyo de la ex interventora de la SIDE, Cristina Caamaño.
Así dejó a ciegas a las autoridades del organismo para el control no solo de los presos por narcotráfico, sino también a guardiacárceles que fueron denunciados de connivencia con los narcos por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
En paralelo, la interventora del SPF, la ex jueza y miembro de Justicia Legítima, María Laura Garrigós, también restó importancia a las funciones de la dirección de Asuntos Internos. El año pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reestableció el servicio de inteligencia del SPF ante el avance de los narcos en las cárceles federales.
Incluso, el abogado Alejandro Rúa, defensor del ex vicepresidente Amado Boudou, pidió a Naciones Unidas que haga un “llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino” ante la actividad de “espionaje ilegal” y que difundieron ampliamente medios como Página 12 y C5N.
Fuente: clarin.com