Por qué 120.000 empleos rurales cuelgan de un hilo

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lanzó una alerta: unos 120.000 puestos de trabajo en todo el país podrían quedar en la cuerda floja. El motivo es que el Gobierno de Javier Milei dejó vencer el Decreto 514/2021, que permitía compatibilizar el empleo rural temporario registrado con ciertas prestaciones sociales. La norma, que había sido prorrogada por última vez en octubre de 2025, expiró el 1° de septiembre de 2026 sin que se publicara una nueva extensión en el Boletín Oficial.

El reclamo del gremio llega justo cuando están por arrancar nuevas campañas agrícolas y reaviva un problema histórico del campo: la estacionalidad de las contrataciones. Muchos trabajadores rurales solo tienen empleo registrado durante algunos meses del año, y el temor a perder beneficios sociales mientras están formalizados es un freno para aceptar esos trabajos en blanco.

Mientras UATRE exige una prórroga explícita para evitar cualquier vacío legal, desde el Ministerio de Capital Humano aseguran que el mecanismo sigue en trámite y que no se van a interrumpir los pagos. La interpretación oficial choca con la del sindicato, que advierte sobre las consecuencias de dejar sin efecto el decreto.

Qué dice la nueva ley de Modernización Laboral

En marzo de este año entró en vigencia la Ley 27.802, impulsada por el Gobierno, que incorporó a la Ley de Trabajo Agrario un artículo 34 bis sobre la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y las prestaciones sociales. Esa norma establece que los trabajadores temporarios tienen derecho a cobrar las asignaciones familiares contributivas y que, al terminar la relación laboral, pasan al régimen no contributivo.

Ese artículo es justamente el argumento que esgrime la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para sostener que la compatibilidad ya está incorporada a la ley y que, por lo tanto, no haría falta renovar el decreto. Pero la diferencia de interpretación deja sin resolver lo que más preocupa a UATRE: qué prestaciones concretas quedan cubiertas, bajo qué condiciones y qué pasa con los mecanismos que regulaba específicamente el decreto y sus normas complementarias.

El reclamo de UATRE

Antes de que venciera la norma, el secretario general de UATRE, José Voytenco, le envió el 18 de agosto una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidiendo la continuidad del régimen. Según informó el sindicato, el pedido fue con carácter “urgente”, pero hasta el momento del vencimiento no hubo respuesta formal ni se publicó una nueva prórroga.

“Esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias”, sostuvo el gremio. Y agregó que el problema no es solo entre el trabajador y el Estado: si se pierde la compatibilidad, cambian los incentivos para aceptar una contratación formal durante la campaña.

El argumento de UATRE se apoya en cómo funciona el mercado laboral rural. Muchas actividades agropecuarias necesitan trabajadores por períodos acotados del año, y la registración convive con meses en los que esos trabajadores no tienen ingresos equivalentes. Poder conservar ciertas prestaciones mientras dura el contrato temporal es, para el sindicato, un complemento del ingreso familiar y un incentivo para que la contratación sea en blanco.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental”, afirmó UATRE, porque permite que “el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”. Si el trabajador siente que formalizarse le hace perder un beneficio que necesita el resto del año, la decisión de registrarse puede pasar de ser un incentivo a convertirse en un costo. En ese escenario, la formalización que se busca promover podría chocar justamente con el diseño de la protección social.

El Decreto 514 fue firmado en agosto de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, y empezó a regir el 1° de septiembre de ese año. Su objetivo explícito era promover la formalización del empleo rural. Entre otras cosas, garantizaba que las asignaciones familiares no fueran inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo y habilitaba la compatibilidad con prestaciones como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, según la reglamentación.