Por qué los comerciantes de la frontera salteña están en pie de guerra con ARCA

La resolución general 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso un techo de US$150 diarios por persona para las mercaderías que salen del país por tráfico vecinal fronterizo y prohibió la venta de combustibles en bidones y de alimentos en envases de más de 10 kilos. La medida rige desde este sábado y despertó el rechazo de comerciantes y autoridades de Aguas Blancas y Salvador Mazza, dos localidades salteñas que dependen del intercambio con Bolivia.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y apunta a mejorar los controles aduaneros, según ARCA. El organismo argumentó que busca evitar el fraccionamiento de operaciones, la reiteración sistemática de movimientos y el desvío de mercaderías hacia circuitos no autorizados.

Pero del otro lado de la frontera la lectura es otra. En Aguas Blancas y Salvador Mazza sostienen que las nuevas condiciones complican operaciones habituales y castigan a quienes trabajan dentro de la ley.

Qué dice la resolución

El texto fija en US$150 diarios por persona el valor máximo de las mercaderías que pueden egresar bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo, sin importar cantidad, calidad ni variedad. Además, prohíbe la salida de productos alimenticios como harina y azúcar en envases de más de 10 kilos —o su equivalente en volumen— y la venta a compradores bolivianos de combustibles en bidones, tanques suplementarios y otros recipientes.

La lista de restricciones es más amplia. Quedan prohibidos los combustibles, granos y mercaderías en grandes envases para evitar el desvío comercial; las mercaderías comerciales o industriales con fines de reventa o escala industrial; y los alimentos y vegetales, incluidos carnes, chacinados, lácteos, frutas y hortalizas frescas o productos sin rótulo oficial.

El reclamo desde Aguas Blancas

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, calificó la decisión de inconsulta y puso en duda su eficacia. Consideró razonable la prohibición del transporte de combustible en bidones, pero advirtió que eso no impedirá que una persona cruce la frontera en su vehículo particular, cargue combustible y regrese a Bolivia, incluso de manera reiterada.

Zigarán también alertó sobre el golpe a la recaudación y a la actividad comercial de la zona. Mencionó que el nuevo puesto de control inaugurado en Caraparí, en Salvador Mazza, está vinculado con operaciones comerciales que ahora quedarían limitadas. Y advirtió que si no se refuerza el control sobre los pasos clandestinos, las restricciones terminarán empujando parte de las operaciones hacia circuitos ilegales, sin resolver el problema que dicen combatir.

Salvador Mazza: dudas y presentaciones legales

En Salvador Mazza el rechazo también se hizo sentir. Norma Gareca, titular de la Cámara de Comercio local, cuestionó las inconsistencias entre la resolución aduanera y los lineamientos nacionales que promueven el libre comercio y la circulación. Reclamó explicaciones sobre cómo se aplicarán concretamente las nuevas disposiciones y advirtió que hay mercaderías compradas con anticipación cuya entrega puede demorar entre 10 y 15 días.

La entidad ya presentó una nota para pedir una flexibilización transitoria de 30 días y prepara nuevas presentaciones con asesoramiento legal. Gareca señaló que mantienen contactos con cámaras de otras localidades fronterizas y con representantes del sector comercial boliviano, también alcanzado por las consecuencias de las restricciones.

Entre las dudas que plantean los comerciantes figuran la interpretación de los límites por volumen y peso, el tratamiento de productos líquidos y la forma en que se controlarán las cantidades permitidas. Consideran que las particularidades de la actividad fronteriza requieren precisiones que, hasta ahora, no encuentran suficientemente aclaradas.

Mientras esperan respuestas de ARCA y de las autoridades políticas, los comerciantes anticipan que no descartan avanzar por la vía judicial. El conflicto deja abierto un interrogante: si el objetivo es combatir el contrabando y ordenar el comercio fronterizo, los sectores afectados advierten que las restricciones podrían terminar perjudicando principalmente a quienes operan de manera formal, sin impedir que las actividades ilegales busquen otras vías para continuar.

Monteoliva reivindicó el Plan Güemes

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reivindicó al Plan Güemes a 22 meses de su implementación y aseguró que el dispositivo continúa operativo en la frontera norte del país. En una publicación en la red social X, la funcionaria recordó que diseñó y puso en marcha el plan cuando se desempeñaba como secretaria de Seguridad. Lo definió como un "éxito total" y sostuvo que las acciones desplegadas afectaron directamente los intereses de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando.

"Sabíamos que los narcotraficantes y contrabandistas se iban a molestar porque fuimos directamente contra sus intereses. Mala suerte para ellos", escribió Monteoliva.