La Defensoría del Pueblo de Posadas presentó su balance y las actuaciones crecieron casi un 50% en un año. Tres de cada diez reclamos apuntan a un mismo frente, y la semana próxima habrá una movida para que los vecinos cuenten lo que viven a diario.
La Defensoría del Pueblo de Posadas presentó su balance de gestión y el número no pasa desapercibido: las actuaciones crecieron casi un 50% en el último año. El dato surgió durante la sesión del Concejo Deliberante del jueves, cuando el organismo expuso su informe correspondiente a 2026.
Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 se contabilizaron 1.846 actuaciones, un 44% más que en el período anterior. De ese total, 1.186 fueron atenciones y reclamos, 318 terminaron en expedientes administrativos y 342 fueron actividades territoriales. Los expedientes iniciados, además, subieron un 113% interanual.
Qué es lo que más reclaman los vecinos
El defensor del pueblo, Juan Martín Paonessa, explicó a El Territorio cuáles son las problemáticas que más llegan al organismo. “Los principales reclamos, casi el 30%, se concentraron en lo que son servicios públicos y privados. Entiéndase recolección de residuos, luz, agua. El tema seguridad también lo hemos incorporado como un reclamo de servicio”, detalló.
La categoría no se agota en los servicios domiciliarios: también abarca el patrullaje policial, la seguridad vial y la iluminación urbana. Según el defensor, se trata de demandas que forman parte de las preocupaciones cotidianas de los vecinos y que requieren la intervención del organismo.
En segundo lugar aparecen las consultas de asistencia técnica y jurídica. Paonessa contó que buena parte del trabajo consiste en orientar a los ciudadanos frente a situaciones que los alarman, como recibir una carta documento o una notificación de deuda con aviso de próximo corte de un servicio.
“Nosotros damos ese asesoramiento jurídico para que la persona pueda entender que no se tiene que alarmar, sino que tiene que seguir determinados pasos. La orientamos para que pueda hacerlo sin que se asuste”, explicó.
Entre el asesoramiento jurídico y los reclamos por servicios públicos se concentra casi el 70% de las intervenciones. Sobre cómo llegan los vecinos, el informe indica que el 47% se acercó presencialmente a la sede de calle Félix de Azara, el 35% usó el formulario web y el 14% se comunicó por WhatsApp.
Una encuesta para que hable el pasajero
El transporte urbano de pasajeros sigue siendo un tema recurrente en las consultas. Paonessa reconoció que no pierde relevancia, aunque los reclamos se intensifican en ciertos momentos del año, sobre todo cuando se acerca la audiencia pública del transporte y al comenzar el ciclo lectivo.
“Durante todo el año siempre hay consultas, pero tiene sus picos. A final de año, cuando sabemos que se acerca la audiencia pública de transporte, y también cuando arrancan las clases, aparecen naturalmente todas estas cuestiones, como la frecuencia y la saturación (del servicio)”, señaló.
Por eso, la semana próxima la Defensoría pondrá en marcha una encuesta destinada a los usuarios del servicio. La idea es reunir opiniones y experiencias de quienes viajan todos los días para llevarlas a la próxima audiencia pública.
“Queremos que los vecinos de la ciudad puedan hacer llegar sus voces a la audiencia. Sabemos que a veces es un poco complicada, que queda trasmano y se realiza en determinados horarios. Entonces, queremos llevar esa voz del vecino, porque no es algo que opino yo, sino que queremos trasladar lo que dice la persona que está tomando el colectivo todos los días”, sostuvo.
La encuesta estará disponible desde la semana próxima y también habrá relevamientos presenciales en distintas paradas de colectivos. Según Paonessa, la intención es que las respuestas pongan en conocimiento de las empresas prestatarias y de las autoridades de control las dificultades que atraviesan los pasajeros.
Expedientes, seguimiento y resolución de casos
El defensor precisó que las 1.846 actuaciones incluyen consultas, reclamos y asesoramiento jurídico. De ese total, 318 derivaron en expedientes administrativos, un 113% más que en el período anterior.
Esos procedimientos se abren cuando una problemática exige más documentación y seguimiento: se suman datos personales, pruebas, intimaciones y otros elementos para presentar ante organismos o entidades involucradas.
“Son los casos que necesitan mucha más documentación, audiencias y otro tipo de elementos. Hay que hacerles un seguimiento que quizás lleva más de una semana, porque se tienen que realizar presentaciones ante entidades que requieren esa burocracia”, indicó.
Paonessa también mencionó que algunas situaciones pueden llegar a la vía judicial cuando no se encuentran respuestas por otros canales. Sobre el nivel de resolución, estimó que hoy se ubica entre el 80% y el 90%, aunque aclaró que quedan actuaciones abiertas.
“El corte se hace en octubre, pero siguen habiendo hoy diferentes reclamos abiertos. Por eso, el porcentaje de resolución es una estimación sobre el total de las intervenciones”, explicó.
El balance incluyó además las actuaciones vinculadas con personas con discapacidad: fueron 54 atenciones por dificultades en el acceso a pensiones no contributivas, problemas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y prestaciones de salud. De esas situaciones, 24 derivaron en la apertura de expedientes administrativos.
En el plano territorial, las 342 actividades realizadas durante el año apuntaron a acercar el organismo a los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a sus servicios, además de las consultas que se reciben en la sede y por los canales digitales.