La denuncia por amenazas y hostigamiento en el Santa Catalina de Posadas puso en alerta a las familias y ahora el colegio se sentó con la Defensoría y Acceso a Justicia. Qué se acordó y qué rol tendrá el SPEPM.
El colegio Santa Catalina de Posadas dio un paso más en el expediente que abrió tras las amenazas y el presunto hostigamiento denunciados por una alumna de segundo año. Las autoridades del establecimiento se sentaron a trabajar con los organismos provinciales que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La reunión se concretó el miércoles y tuvo como protagonistas al rector de la institución, el magíster Eduardo Elauterio, y al asesor legal Raúl Dalmau. Del otro lado de la mesa estuvieron la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Rossana Franco, junto a su equipo técnico, y el doctor Fabián Oudin, en representación de la Secretaría General de Acceso a Justicia.
Qué dice el comunicado que recibieron las familias
Por medio de un texto dirigido a la comunidad educativa, el equipo de conducción explicó que el encuentro se enmarca en el plan de actuaciones pedagógicas, internas y de acompañamiento que vienen desarrollando con estudiantes, familias y equipos institucionales.
Además, las autoridades remarcaron que esta reunión se suma al trabajo que el colegio ya venía realizando y que ratifica la articulación con la Justicia y con los organismos provinciales de protección.
Cómo se originó el caso
La situación salió a la luz a partir de una denuncia según la cual una adolescente habría sido perseguida y amenazada por un grupo de aproximadamente 15 estudiantes mientras esperaba el colectivo, en las inmediaciones del establecimiento.
De acuerdo con lo denunciado, la intervención de una mujer habría evitado que todo derivara en una agresión física.
El organismo provincial que también puso la lupa
En paralelo a las gestiones del colegio, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) anunció que pedirá documentación y supervisará las actuaciones institucionales. El objetivo declarado es verificar la efectividad de las medidas adoptadas, garantizar la protección de las estudiantes afectadas y asegurar la continuidad de las trayectorias escolares de todos los involucrados.
