Presentan la 'Ley Alan Villouta' en Mendoza: buscan que la demora judicial no se convierta en impunidad

Tras el sobreseimiento del empresario que atropelló al joven Alan Villouta, el diputado Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley para que las causas no prescriban por demoras del sistema judicial. La iniciativa, conocida como 'Ley Alan Villouta', ya ingresó en la Cámara de Diputados de Mendoza y es la tercera propuesta que busca endurecer las consecuencias para los responsables de siniestros viales graves.

El caso de Alan Villouta volvió a estar en el centro de la escena luego de que, hace una semana, el empresario que lo atropelló fuera sobreseído. A partir de este hecho, Ilardo decidió impulsar un proyecto que apunta a evitar que las demoras administrativas o judiciales permitan que una causa llegue al límite de su plazo legal sin que el sistema adopte medidas para impedirlo.

¿Cómo funcionaría el Sistema de Alerta de Prescripción?

La propuesta incorpora los artículos 159 bis, 159 ter y 159 quater al Código Procesal Penal y establece la creación de un Sistema de Alerta de Prescripción. Esta herramienta informática calcularía de manera permanente los plazos de vigencia de las acciones penales y generaría notificaciones automáticas y simultáneas para jueces, fiscales, querellas y defensas.

Los avisos se activarían cuando resten doce, seis, tres meses y treinta días para que opere el vencimiento de los plazos. La idea es que los distintos actores del proceso puedan conocer con anticipación el riesgo de prescripción y tomen las medidas necesarias para que la causa avance dentro de los tiempos legales.

¿Qué pasaría cuando una causa se acerque a la prescripción?

El proyecto del diputado por Fuerza Patria establece un sistema de prioridades progresivas a medida que se aproxima el vencimiento. Según la iniciativa, una causa adquiriría carácter preferente cuando resten seis meses, urgente a los tres meses y, cuando falten treinta días, se emitiría un aviso crítico dirigido a las máximas autoridades judiciales.

La propuesta también contempla una situación particular para los procesos que ya tengan una condena no firme, es decir, una sentencia que todavía puede ser revisada mediante los recursos previstos por la ley. En esos casos, durante los últimos doce meses de vigencia procesal se establece un tratamiento de máxima urgencia y preferencia.

Cinco días para que los fiscales actúen tras recibir la alerta

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece obligaciones concretas para los fiscales. Una vez recibida una alerta del sistema, tendrán un plazo de cinco días hábiles para revisar el estado de la causa y, cuando corresponda, presentar pedidos de pronto despacho o realizar las denuncias por retardada justicia previstas en la legislación.

El pronto despacho es una herramienta destinada a solicitar que una autoridad judicial resuelva una cuestión pendiente. En tanto, una denuncia por retardada justicia apunta a poner en conocimiento una demora considerada injustificada dentro del proceso.

Según el proyecto, el incumplimiento injustificado de estas obligaciones podrá derivar en sanciones disciplinarias conforme a la Ley 8008. Además, la iniciativa contempla que las víctimas sean informadas de manera inmediata cuando exista un riesgo de que la causa quede extinguida por el paso del tiempo.

Un registro de las demoras y un informe anual a la Legislatura

El proyecto también busca generar un mecanismo de control y transparencia sobre las demoras judiciales. Para ello, establece la creación de un registro inalterable de las demoras y dispone que la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal remitan anualmente a la Legislatura un informe estadístico con el detalle de las causas que hayan quedado extinguidas.

De esta manera, la iniciativa pretende que el vencimiento de una causa no quede solamente como una consecuencia dentro de un expediente, sino que también pueda ser analizado posteriormente para determinar qué ocurrió durante su tramitación.

Finalmente, la propuesta fija un plazo de 90 días para implementar de manera obligatoria el sistema informático en todo el territorio de Mendoza.

"La demora judicial no puede transformarse en una forma indirecta de impunidad; ni una víctima ni su familia deberían descubrir, como ocurrió en el caso de Alan, que el reloj seguía corriendo sin que el sistema encendiera una alarma", sostuvo Ilardo.