Presentan proyecto para frenar los desalojos en villas durante una década
Un proyecto de ley busca frenar los desalojos en villas por 10 años. ¿Qué pasó con la protección provincial? Los detalles que preocupan a miles de familias.
La diputada bonaerense Cintia Romero (Fuerza Patria) impulsa una ley que congele los desalojos en asentamientos por 10 años. La iniciativa busca tapar un vacío legal que dejó a miles de familias sin protección.
La legisladora presentó un proyecto para prorrogar el artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que estuvo vigente hasta 2019. Desde entonces, la provincia no cuenta con una herramienta propia contra los desalojos.
¿Qué dice la norma actual?
La ley 14.449, sancionada en 2012, garantiza el derecho a una vivienda digna. Su artículo 70 suspendía los desalojos en barrios populares inscriptos mientras el Estado avanza con soluciones habitacionales.
En 2017 se sumó el artículo 70 bis, que exceptúa casos de riesgo real para la integridad física, como peligro de derrumbe o problemas socio-sanitarios. En esos casos, el Estado debe relocalizar a las familias.
"Vencida la última prórroga a fines de 2019, la suspensión del artículo 70 perdió su operatividad", advirtió Romero. "La provincia de Buenos Aires carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos", agregó.
La dependencia del régimen nacional
Durante estos años, la protección se sostuvo casi exclusivamente con la Ley 27.453, que regula la regularización dominial. Esa norma fue prorrogada por 10 años mediante la Ley 27.694.
Pero Romero considera que el marco nacional es insuficiente e incierto. "Sólo alcanza a los barrios del RENABAP, cuyo relevamiento no coincide con el registro provincial de villas", explicó.
"Esta vulnerabilidad exige que la Legislatura provincial asegure un instrumento autónomo y estable", reclamó la diputada por la Segunda sección electoral.
¿Por qué 10 años?
El plazo elegido no es casual. Coincide con la prórroga nacional y busca dar previsibilidad. "La experiencia previa demostró que los plazos breves generan vacíos de protección", remarcó Romero.
Para la legisladora, una década otorga seguridad jurídica a las familias, previsibilidad a los jueces y tiempo suficiente para ejecutar políticas públicas de integración socio-urbana.
