El cacique de Peñas Negras y 14 firmantes buscan anular los permisos de exploración del proyecto Aguas Calientes. Qué dicen los informes ambientales y por qué denuncian falta de consulta.
El cacique de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, en Belén, Sebastián Mauro Gutiérrez, encabezó un amparo colectivo contra la Provincia de Catamarca y el Estado Nacional para que se declaren nulos los permisos de exploración minera del proyecto Aguas Calientes. La presentación la acompañaron representantes de la Comunidad Diaguita Calchaquí Jasimana, de Salta, y contó con el asesoramiento de los abogados Ana Beatríz Monllau y José Furque.
Los 14 firmantes del amparo sostienen que la actividad afecta el territorio de Peñas Negras, que además está integrado territorialmente a la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca. También denuncian una afectación parcial del subsitio Norte del sitio RAMSAR "Lagunas Alto-Andinas y Puneñas de Catamarca", de la cuenca hídrica y de zonas que revisten carácter de reservas exclusivas y áreas protegidas.
El impacto, según plantean, alcanza al desarrollo de la propia comunidad, centrado en la cría de ganado, señalado como el "único medio de vida de sus habitantes".
Los permisos que buscan anular
El amparo pide la nulidad de los pedimentos mineros con permiso de exploración Aguas Calientes I, Aguas Calientes II y Aguas Calientes III. En forma preventiva, también solicita anular las solicitudes de los pedimentos Corina, Corina I y Alto del Mulato.
Los firmantes argumentan que las autoridades no cumplieron con la normativa vigente, "en tanto los informes ambientales son incompletos y falsos". Y aclaran que el territorio comunitario "no se restringe a una simple delimitación política, por cuanto comparte con la Comunidad Diaguita Calchaquí Jasimana".
"Somos un solo pueblo"
"Somos un solo pueblo que ocupa desde hace más de 4.000 años de antigüedad, según datos y registros arqueológicos, el territorio común que hoy se conoce como Comunidades Diaguitas", precisaron en la presentación. En esa línea, remarcaron que la ocupación tradicional reconocida "excede los límites interprovinciales" y que las actividades de pastoreo que realizan son interjurisdiccionales y abarcan ambas provincias, "conformando una unidad cultural y de trabajo más allá de los límites".
Según indicaron, entre 2022 y 2026 la Comunidad realizó distintas asambleas y reuniones en las que expresó "de manera clara, reiterada e inequívoca" su rechazo a las actividades mineras en su territorio, sobre todo mientras no se garantice el ejercicio efectivo de sus derechos y, en particular, la consulta previa, libre e informada.
La Comunidad aclaró que no se opone "por la oposición misma". "La verdad es que no hubo consulta, solo hubo actos simulados, a veces se nos ha descalificado bajo el argumento de que no somos una comunidad reconocida y no es así, nuestra comunidad formalizó los trámites de inscripción ante INAI y queda pendiente el otorgamiento de personería jurídica. Esta conducta irregular de la administración dilata el acto administrativo, es maliciosa y especulativa por la mezquindad humana y falta de sinceridad y nobleza a nuestros gobernantes", expresaron.
La fractura entre las comunidades
En la presentación se mencionan además "nuevos hechos" ocurridos en septiembre pasado, cuando personal de la empresa Amalaya SA quiso subir al lugar y se produjo una "situación de violencia" con los comuneros.
En ese momento, la minera agradeció públicamente el respaldo de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, y de sus respectivos caciques, al trabajo de prospección que la firma realiza en el paraje Aguas Calientes, en la localidad de Villa Vil, norte del departamento Belén. El comunicado, difundido el 8 de septiembre, dejó en evidencia la fractura que atraviesa a las comunidades originarias de la zona: mientras un sector avala el avance de la actividad extractiva, la comunidad de Peñas Negras denuncia violencia, hostigamiento y falta de respuestas judiciales.