Presentaron un nuevo dictamen contra la privatización de la Hidrovía: los detalles que nadie contó

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) elevó este viernes un dictamen ante la Justicia Federal señalando presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la privatización del dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía. Sin embargo, el organismo no exigió ninguna medida cautelar y el proceso continúa firme.

¿Qué dice el dictamen de la PIA?

El dictamen, firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, fue presentado al fiscal federal Guillermo Marijuan el mismo día en que el Gobierno avanzó con el proceso y fijó la apertura de ofertas económicas para el martes 19 de mayo a las 13 horas.

La PIA concluyó que la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) sobre los ríos Paraguay y Paraná “repite errores, tales como la forma de redacción de la cláusula anticorrupción; las condiciones para una eventual cesión del contrato; los límites a la posibilidad de impugnar y a la presentación de ciertas formas societarias; la limitación a que las empresas presenten ofertas bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas; así como la obligación impuesta al concesionario de justificar las garantías sobre deudas pendientes con los acreedores actuales”.

Además, el organismo cuestionó las audiencias públicas, que habrían vulnerado el “derecho a una información comprensible, accesible y oportuna”, y la “falta de una evaluación de impacto ambiental” completa.

¿Quiénes son los oferentes?

La licitación generó el interés de tres empresas: las belgas Jan de Nul y DEME, y la brasileña DTA Engenharia. Las primeras dos siguen en pie, mientras que la última quedó descalificada por no presentar las garantías requeridas.

En la evaluación técnica oficial, Jan de Nul —anterior concesionario y acreedor de una deuda del Estado— obtuvo una amplia diferencia sobre DEME. En un escenario con una tarifa mínima de 3,40 dólares por tonelada registrada neta, la balanza se definirá por la mejor oferta técnica.

La postura del Gobierno

Fuentes oficiales respondieron a las acusaciones: “Se los invitó en cada ocasión de la Mesa de Diálogo Interdisciplinario y a las reuniones del Consejo de Control y siempre contestaron que no iban a participar”.

El fiscal Rodríguez cerró el dictamen con contundencia: “Las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”.