Presentaron un pedido de intervención para Graneros y ahora diez legisladores apuran la respuesta

El pedido de intervención para Graneros lleva meses en un expediente. Ahora, diez legisladores opositores firmaron una nota para que la comisión lo trate sin más demoras. Lo que advierten en el escrito.

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Presentaron un pedido de intervención para Graneros y ahora diez legisladores apuran la respuesta
Presentaron un pedido de intervención para Graneros y ahora diez legisladores apuran la respuesta

Diez legisladores opositores presentaron una nota en la Legislatura para exigir que se trate con urgencia el expediente 350-PL-26, que pide la intervención del municipio de Graneros. La solicitud fue dirigida a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ya tiene firmas de peso.

La iniciativa fue impulsada por el legislador José Macome, de La Libertad Avanza (LLA), a partir de un pedido del presidente de LLA Tucumán, Lisandro Catalán. La presentación lleva las firmas de Claudio Viña, Raquel Nieva, Agustín Romano Norri, José Cano, Manuel Courel, José Seleme, Eduardo Verón Guerra, Ricardo Bussi y Walter Berarducci, además de Macome.

El pedido formal a la comisión

La nota fue dirigida a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse. Allí le solicitaron que el expediente sea tratado con carácter urgente y quede en condiciones de ser incorporado al temario de la próxima sesión parlamentaria, según consignó este espacio político en un comunicado.

“Solicitamos el urgente tratamiento y dictamen del expediente de referencia”, señaló el escrito presentado ante la comisión.

Los argumentos de los legisladores

Según la LLA, los legisladores sostienen que el pedido de intervención requiere una resolución inminente para evitar que vuelvan a repetirse los hechos denunciados en Graneros, los cuales, según expresan, afectan la convivencia democrática y la institucionalidad de la provincia.

En ese sentido, remarcaron que los hechos detallados en el expediente “no han cesado” y advirtieron que podrían agravarse si no se adopta el mecanismo institucional previsto por la Constitución provincial.

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