Presentó certificados truchos para una licencia y la Justicia la condenó: el dato que la incriminó

Una agente de la Policía de Bariloche fue condenada a seis meses de prisión en suspenso por presentar dos certificados médicos apócrifos para justificar una licencia por salud. La médica cuya firma figuraba en los documentos declaró en el juicio que jamás los extendió.

El fallo, dictado el mes pasado por el juez Sergio Pichetto, aplicó la pena mínima para el delito de “uso de documento falso privado”. Fiscalía y defensa habían acordado un año de prisión, pero el magistrado consideró que ambas partes se equivocaron al tomar como referencia la figura de “documento falso público”.

El caso adquiere relevancia en medio de una campaña del gobierno provincial para detectar y denunciar abusos en las licencias médicas, con varias denuncias contra médicos y agentes estatales aún en investigación.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2024, cuando la mujer, que prestaba servicios en la comisaría Segunda, se encontraba con licencia anual ordinaria. El 28 de abril avisó telefónicamente a su unidad que interrumpía sus vacaciones por un problema de salud, tal como establece la ley.

Al día siguiente, le entregó dos certificados a un colega que estaba de guardia en la fiscalía de calle Anasagasti, pidiéndole que los acercara a la comisaría. El primer documento prescribía “reposo médico laboral por cinco días” desde el 29 de abril, con diagnóstico de contractura cervical severa. El segundo, fechado el 6 de mayo, indicaba otro reposo de cinco días con tratamiento farmacológico por “faringitis aguda”.

Ambos papeles llevaban membrete del hospital zonal de Bariloche, firma y sello de la médica clínica Karina Rodríguez, con su matrícula real. Sin embargo, al ser citada al juicio, Rodríguez aseguró que nunca firmó esos certificados, que no conocía a la imputada y que jamás trabajó en ese hospital.

La versión de la defensa y el acoso laboral

El abogado defensor, Diego Navarro, argumentó que la agente no necesitaba fraguar los comprobantes porque ya estaba de licencia anual. Sostuvo que el día y la hora en que supuestamente entregó los papeles a su colega (un domingo por la tarde) se encontraba con una amiga en la terminal de ómnibus, sacando pasajes hacia San Juan, donde viajó al día siguiente.

La propia acusada profundizó esa teoría y denunció que su compañero la había acosado con anterioridad y que urdió la maniobra de los certificados para perjudicarla. El juez no dio crédito a esa versión y consideró probada la hipótesis de la fiscal Silvia Paolini, quien afirmó que el cabo tenía los certificados y se demoró en llevarlos a la comisaría.

Navarro también pidió la absolución porque, según él, el policía que hizo de emisario “mintió” sobre su rol y porque su defendida ya había sido sancionada por la propia fuerza con 15 días de suspensión y quita salarial. Para la defensa, el perjuicio económico al Estado ya no existía.

¿Por qué no hubo inhabilitación?

El juez tuvo en cuenta esos argumentos, pero igualmente la condenó por el delito investigado, imponiéndole la pena mínima. Además, se diferenció de ambas partes al rechazar la inhabilitación para ejercer la función policial, que habían solicitado tanto la fiscal como el defensor.

Pichetto explicó que era un error considerar que “la sola condición de empleada policial de la acusada convierte todos sus actos en abuso de las funciones de su cargo”, como exige el Código Procesal Penal para aplicar esa sanción accesoria. Subrayó que el abuso de funciones no fue probado en el debate y que la inhabilitación no es un anexo automático.