Preso en Ezeiza, Báez seguía dando órdenes: ni su pareja se salvó de sus sospechas

Lázaro Báez no dejó de manejar sus negocios desde la celda del penal de Ezeiza. Las escuchas judiciales a las que accedió La Nación muestran al empresario cercano a los Kirchner impartiendo instrucciones sobre alquileres, pagos, compraventa de ganado y personal, con su mano derecha Cristian Ibáñez y su pareja Claudia Insaurralde como receptores de las órdenes.

Las conversaciones se enmarcan en la causa por presunto lavado de dinero y narcotráfico que el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó contra 16 personas en dos expedientes conexos. Nueve quedaron con prisión preventiva y una con arresto domiciliario. Entre los alcanzados figuran Báez, Insaurralde e Ibáñez.

Un cuaderno Gloria y 25 hojas escritas a mano

Durante el allanamiento en su celda, a Báez le secuestraron al menos 25 hojas de anotaciones y un cuaderno Gloria donde registraba el detalle de las operaciones. El empresario pidió estar presente en el procedimiento. En varias páginas, escritas de su puño y letra, aparecen nombres resaltados, listados de proveedores, abogados y cuentas que atribuye al “último presidente”.

“El dueño de la historia soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, sostiene en uno de los audios incorporados a la causa.

En clave interna, Ibáñez llama “el tío” a Báez y “la tía” a Insaurralde. Más allá del momento en que el empresario le pide a su segundo que vaya a visitarlo al penal (“tenés que venir a verme”), las grabaciones lo muestran como alguien que ordena y organiza, pese a la condena firme unificada de 15 años que cumple.

La desconfianza hacia “la tía”

Las escuchas revelan que Báez desconfiaba de su pareja, con quien lleva siete años de relación. “La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le advierte a Ibáñez, alias “Budín”.

Insaurralde vive entre Buenos Aires y Río Gallegos y, según las anotaciones secuestradas en un domicilio de esa ciudad, junto a Ibáñez se ocupaba presuntamente de la administración de bienes. En otra comunicación, Báez le da indicaciones precisas a su mano derecha sobre cómo manejarla: “Decile, me dijo el tío, que ponga al que estuvo administrando La Entrerriana y que está administrando La Entrerriana, ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.

El malestar también aparece en una conversación donde le transmite un mensaje para ella: “Si está desesperada que me llame, y me diga qué es lo que necesita, y decile: ‘Si vos estás desesperada por algo llámalo y decile qué es lo que necesitás y dejá de hacer cagadas porque nos vas a meter a todos en el mismo quilombo, me dijo si no va a echar a la mierda a toda la gente que nombró ahora a cargo de Agro”.

Ibáñez e Insaurralde comparten fotos e incluso una llamada conjunta, pero la desconfianza queda expuesta en las grabaciones.

Gregores, galpones y una firma por escribano

“Mañana va a ir la tía a verte: decile que te cuente lo de Gregores, le dejé un mensaje a ella, porque yo estoy viendo de en Gregores sacar unas cosas… vos tenés que dar el okey”, le dice Ibáñez a Báez, que responde con una pregunta: “¿Qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”.

Con Oscar Raúl Núñez como interlocutor, Ibáñez habla de un negocio con galpones que supuestamente pertenecerían a Báez: “No importa si queda un vueltito, él te lo fía y te lo firma todo para que vos escritures, todo por escribano, todo”, le asegura.

La causa: 390 millones en ocho meses

La investigación, caratulada como “Causa 169831/26”, documentó movimientos por unos $390 millones en ocho meses, según los datos presentados en audiencias que se extendieron casi diez horas y que fueron pedidos por la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate.

Las pruebas de los allanamientos muestran además cómo Insaurralde registraba cada paso, con quiénes se reunía y a quiénes nombraba.

Además de Ibáñez e Insaurralde, quedaron imputados Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Oscar Raúl Núñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero. Para los investigadores, todos ellos funcionan como nexos entre las dos causas.

Ibáñez es un productor local condenado por abigeato: en 2014 le imputaron el robo de 1000 ovejas y luego recibió una pena de 10 años, que fue rebajada. Estaba en libertad desde 2023.

Qué resolvió el juez

Vázquez amplió las medidas cautelares sobre el patrimonio: secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos. También ordenó pedidos de información societaria, prorrogó los allanamientos en establecimientos rurales donde se releva y cuenta el ganado, y envió copia de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz, por la causa en la que fue condenado Núñez.

Nueve personas quedaron con prisión preventiva por 180 días: Báez —que ya cumple su propia pena—, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agustín Agüero y Núñez, entre otros. A todos se les prohibió comunicarse con los demás involucrados. Paula Bórquez cumplirá la preventiva en su domicilio y podrá ir a trabajar y llevar a su hija a la guardería con la documentación correspondiente.

Seis imputados siguen en libertad con restricciones. Silva y Herrera deben comprometerse a someterse al proceso y a no contactar a otros involucrados. Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro tienen que presentarse en la Oficina Judicial —Devetac y Navarro cada semana, Godfrid y Trevisan Godfrid cada quince días, ya que trabajan en un campo fuera de la ciudad— y no pueden salir del país sin autorización.

Las dos audiencias se realizaron el mismo día y comparten cuatro imputados: Ibáñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero.

Narcotráfico y billeteras virtuales

En la primera audiencia, que investiga narcotráfico y lavado, se imputó a Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Ibáñez, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Devetac. A los ocho primeros se les atribuyó integrar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos; a Devetac, una participación secundaria.

Según el requerimiento, la organización vendió 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, secuestrados el 22 de diciembre de 2025 en un allanamiento en su casa. También le habría vendido 439,88 gramos a Carlos Mauricio Audicio, cuya droga apareció el 9 de abril de 2026 durante una inspección ocular en su domicilio tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, por orden del Juzgado Provincial N.º 3. El tercer hecho es el más reciente: el 10 de noviembre, en el allanamiento a la casa de Leal, se incautaron 1.305 gramos de cannabis sativa y 725 gramos de cocaína que la Fiscalía considera destinados a la venta.

El capítulo del lavado se sostiene en bienes y movimientos de dinero. A Ibáñez se le atribuye haber comprado una VW Amarok por $65.000.000 en agosto de 2025 sin actividad económica formal que lo justificara, y una Ford F150 modelo 1994 por $5.000.000 que transfirió en septiembre de este año. Habría administrado además otros cuatro vehículos y recibido transferencias de Ulloa y Herrera.

A Ulloa se le imputa la compra de una Toyota SW4 por $43.000.000 y envíos de dinero a Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra causa en la que se secuestraron 36 kilos de cocaína, y a un familiar de este. Leal habría hecho ocho transferencias por $9.035.000 a cuatro personas vinculadas con esa misma causa, entre ellas Alcaina.

La Fiscalía también puso la lupa en las billeteras virtuales. Entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026, Paula Bórquez habría administrado ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo; Juan Pablo Bórquez, ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24. A Leal se le atribuyen $84.451.721 de ingresos y $69.205.004,71 de egresos sin respaldo. Silva y Agustín Agüero figuran como administradores de vehículos, y Herrera como titular de una Toyota Corolla y emisor de transferencias a Paula Bórquez y a Ulloa. A Valentina Devetac se le imputa haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir $9.670.000 de Ibáñez entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

Para la Fiscalía, Devetac conocía el origen ilícito de los fondos por la convivencia con Ibáñez, por un nivel de vida que consideró desproporcionado y por la falta de respaldo lícito de esos movimientos.

Las calificaciones provisorias son tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.