Preso en Ezeiza, Lázaro Báez seguía moviendo la caja: "El dueño de la historia acá soy yo"
Un cuaderno en su celda, otro en poder de su pareja y una frase que lo delata: "El dueño de la historia acá soy yo". Qué anotaba Lázaro Báez mientras estaba preso y qué encontró la fiscalía.
Una serie de audios y escuchas telefónicas volvió a poner a Lázaro Báez en el centro de una investigación judicial. Según las grabaciones difundidas en las últimas horas, el empresario habría seguido dando órdenes sobre sus propiedades y empresas desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión.
El material forma parte de una causa que tramita en la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate. La pesquisa investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos agravado, insolvencia fraudulenta y defraudación, y además analiza los vínculos de los involucrados con una estructura ligada al narcotráfico en la Patagonia.
El hombre de confianza y las órdenes desde la celda
Uno de los ejes centrales del expediente son las conversaciones entre Báez y Cristian Ibañez, señalado por los investigadores como uno de los administradores de sus negocios en Santa Cruz. En esos diálogos, registrados mientras el empresario estaba detenido, se escuchan instrucciones sobre alquileres, cobros, manejo de estancias y movimientos de dinero.
La frase más resonante aparece en una charla con una persona vinculada al alquiler de propiedades comerciales en Río Gallegos. Allí Báez reclama mayores ingresos y deja en claro quién manda: "El dueño de la historia acá soy yo", sostiene.
En otras escuchas se lo advierte interviniendo en decisiones sobre las estancias La Entrerriana y Alquinta, dos establecimientos rurales que integran el patrimonio alcanzado por medidas judiciales. En una de las conversaciones discute con Ibañez sobre quiénes debían quedar a cargo de la administración y amenaza con intervenir directamente para desplazar a los responsables si no se siguen sus indicaciones.
La investigación sostiene que la estructura habría continuado explotando comercialmente bienes embargados o sujetos a decomiso judicial en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. Entre ellos figuran propiedades rurales, inmuebles comerciales y sociedades vinculadas al Grupo Austral.
Un circuito de casi $400 millones
De acuerdo con la documentación reunida por la fiscalía, el entramado habría puesto en circulación aproximadamente $390,8 millones. Los investigadores detectaron movimientos financieros, operaciones comerciales y transferencias que habrían permitido mantener activos en funcionamiento y derivar sus beneficios sin respetar las restricciones judiciales.
Entre las firmas mencionadas aparecen Austral Agro y Kank y Costilla, empresas vinculadas al patrimonio de Báez y a las investigaciones por lavado de dinero y obra pública.
Otro elemento incorporado al expediente son dos cuadernos secuestrados durante los procedimientos. Uno estaba en poder de Báez dentro de su celda y contenía anotaciones sobre ingresos, propiedades, cobros y movimientos económicos. El otro pertenecía a su pareja, Claudia Insaurralde, y registraba fechas de pagos, personas involucradas y montos pendientes.
Insaurralde también quedó comprometida en la investigación y fue detenida en los últimos días. La fiscalía considera que habría tenido un papel en la administración de los bienes y en la circulación del dinero.
La pista que llegó desde el narcotráfico
El expediente tiene además un capítulo por tráfico de drogas. La pista surgió de escuchas realizadas sobre teléfonos de personas investigadas en una causa conocida como "Lubricentro", vinculada a la comercialización de estupefacientes en la Patagonia.
En ese contexto aparecieron comunicaciones que mencionaban a Báez bajo el apodo de "el Tío". Los investigadores empezaron a seguir esos contactos y detectaron conexiones entre los movimientos comerciales del empresario y personas bajo sospecha por narcotráfico.
La pesquisa también analiza un operativo en Comodoro Rivadavia en el que se secuestraron 60 kilos de cocaína y busca determinar el alcance de los vínculos entre los distintos involucrados.
La causa cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), además de los fiscales Diego Velasco, Diego Luciani y Abel Córdoba.
