Preso por estafas, apuntó a Morales, ex ministros y jueces: "Me cambiaron la imputación"
Cumple condena por estafas y ahora se sienta en el banquillo por una red que operaba dentro del Juzgado Contravencional. Antes de las audiencias, Matías Yebara habló desde la celda y apuntó bien alto: ex ministros, la cúpula policial y hasta un ex gobernador. Su versión sobre quién manejaba la firma que todo lo habilitaba.
Faltan horas para que se siente en el banquillo y Matías Yebara eligió hablar desde la celda. Cumple condena de prisión efectiva por estafas y extorsión, pero ahora llega al debate oral acusado de algo más grande: ser el presunto jefe de una asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Contravencional Nº 1 de Jujuy.
Su estrategia es clara: desarmar la acusación del fiscal Diego Funes, de la Unidad de Delitos Económicos, y correr el foco hacia arriba. En el camino salpicó al ex gobernador Gerardo Morales, a ex ministros, a la cúpula policial y a integrantes del Poder Judicial.
Qué le imputan
Según la hipótesis fiscal, la banda aprovechaba la estructura del organismo contravencional para cobrar multas con sellos falsificados, derivar dinero a cuentas personales y hacer desaparecer expedientes —el conocido "cajoneo"—. Yebara está imputado por asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos.
Él niega todo y apunta a una imposibilidad material: "Me acusan a mí y me cambiaron la imputación de miembro a jefe de la asociación ilícita. ¿Cómo voy a ser el jefe de una asociación donde se involucra una institución del gobierno, si yo nunca pertenecí a esa institución ni fui funcionario del Juzgado Contravencional?", se defendió.
En la misma línea, sostuvo que no tenía margen operativo para hacer las maniobras que le endilgan: "Yo no tenía firma para pasar un expediente al archivo ni para bajar un expediente del sistema Sinat de seguridad vial. Para devolver un carnet o liberar una moto hacían falta decretos firmados por el juez contravencional y con anuencia del Ministerio de Seguridad".
Las acusaciones que apuntan a la cúpula
Lejos de quedarse en su defensa, Yebara describió un supuesto sistema de recaudación paralelo. De acuerdo con su versión, el juzgado funcionaba como un ente que manejaba donaciones, remates de vehículos y liberación de inhabilitaciones sin que esos fondos ingresaran a las cuentas oficiales de la Dirección General de Administración (DGA).
"Los remates de motos y de animales los hacían las altas autoridades del Ministerio de Seguridad y del Juzgado Contravencional. La ex ministra de Ambiente también tomó al juzgado como un ente recaudador para que la plata nunca ingrese a las arcas del Estado", lanzó. Y agregó que existían circuitos en los que expedientes derivados a la Fiscalía de Estado volvían a la dependencia para cobrarse de manera informal.
"Encubrimiento institucional"
El detenido aseguró que en 2014 declaró como testigo arrepentido ante autoridades del Ministerio Público de la Acusación, entre ellas el fiscal general Sergio Lello Sánchez y los fiscales Funes y Serrano Antar. Según su relato, las promesas de beneficio procesal nunca se cumplieron y sus denuncias terminaron archivadas.
"Yo denuncié todas estas cuestiones con números de expediente y fotos. A los tres días de haber denunciado, me notificaron en el Servicio Penitenciario que los expedientes pasaban al archivo sin investigar. Están haciendo un encubrimiento institucional para proteger a los de arriba", afirmó. Incluso mencionó que un ex imputado de la causa hoy integra el Consejo de la Magistratura.
Nulidad y denuncias de torturas
La defensa pidió anular el proceso. Argumenta un "estado de indefensión absoluta" porque, según dice, no se entregaron pruebas que el juez Rodolfo Fernández había autorizado hace dos años, entre ellas las filmaciones de declaraciones clave.
Yebara también responsabilizó al Servicio Penitenciario, al Ministerio de Seguridad y al Ejecutivo por su integridad física y la de su familia. Denunció represalias por querer hablar con la prensa: "Cada vez que quiero usar el teléfono oficial me sancionan, me ponen celadores al lado y violentan mis derechos de la Ley 24.660. La otra vez me tuvieron 24 horas incomunicado en un sector sin cámaras de seguridad, sufriendo vejaciones y torturas para que no hable". Según contó, su entorno sufrió robos, incendios intencionales y hostigamientos.
La causa que sigue abierta en paralelo
Más allá de las declaraciones, en los pasillos judiciales insisten en que el caudal probatorio contra la banda es contundente. El juicio arranca el 12 de noviembre.
En simultáneo, sigue abierta una investigación conexa contra el ex juez contravencional José Matías Ustárez Carrillo, quien renunció a su cargo acorralado por una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunto desvío de fondos.
